DIEGO F TRUJILLO MARÍN
EX PROCURADOR AMBIENTAL Y AGRARIO
No cabe la menor duda que el nuevo gobierno quiere aprovechar la oportunidad histórica para llevar nuevas oportunidades a esa Colombia Rural que votó por el cambio. Ahora falta ver si el marco legal existente y el que ahora se aprueba con el Plan Nacional de Desarrollo, junto con los recursos que deberan salir del recaudo de impuestos que trae la reforma tributaria, permiten que se materialicen, se hagan realidad e impacten rapidamente a esa población campesina sin distinción étnica que siempre ha estado dividida por una normatividad diferencial que, pretendiendo valorar culturas ancestrales, ha terminado es dividiendo una población a la que ya le sobran conflictos y que no cuenta con una justicia rural especializada para resolverlos, generando así la violencia que se sufre casi a diario en la llamada “Colombia Profunda”.
Desafortunadamente los últimos dos gobiernos no aprovecharon la oportunidad histórica que se abrió con los dialogos que antecedieron el Acuerdo de Paz y que llevaron a crear en el 2011 la jurisdicción de RESTITUCIÓN DE TIERRAS, abriendo una supuesta salida para las victimas del despojo y desplazamiento provocado por el ilegal accionar de numerosos grupos armados que controlan las distintas regiones de nuestra agreste geografia. Sus resultados no son los mejores ya que a las pocas sentencias se le debe sumar el hecho que el filtro administrativo de la Unidad de Restitución terminó provocando que se rechazaran sin fundamento la mayoría de peticiones realizadas por las victimas.
Mucho se habló de la necesidad de tener la información que permitiera al estado tomar las mejores decisiones para intentar volver a tomar el control territorial rural y por eso se invirtieron cuantiosos recursos para adelantar el gran CENSO AGROPECUARIO del año 2014 y el mismo CENSO GENERAL del año 2018, los cuales fracasaron en las zonas rurales ya que el primero se enfocó en relacionar dónde y en qué se estaban utilizando las tierras, sin preocuparse por la población campesina y el segundo terminó siendo reemplazado por una limitada ENCUESTA CAMPESINA que no cubrió todas las regiones.
La lentitud en la implementación del catastro multipropósito se genera por la falta de esa información que el DANE tenía la obligación de recopilar y el IGAC de suministrar, pero el marchitamiento de esta última entidad en gobiernos anteriores, la atomización del INCODER en tres agencias que no logran despegar despues de 8 años de su creación y la falta de un Registro Único de la Propiedad Pública y Privada que incluya los linderos y limitantes en el correcto uso del suelo rural, parecieran ser parte de una premeditada y perversa estrategia para que nada funcionara bien en el cumplimiento del punto uno del acuerdo de paz que tiene y tendrá siempre muchos enemigo en un país en donde la tenencia de la tierra esta en pocas manos.
Dicen que un funcionario público al decidir tiene que ser más estadista que humanista para así lograr el cumplimiento de los fines del estado y que no puede dejarse llevar por la sensibilidad social para evitar tomar decisiones populistas que terminen afectando el presupuesto público y la responsabilidad fiscal que por constitución obliga a todos los que tienen el poder de afectar, para bien o para mal, el correcto funcionamiento del estado.
Es ahí donde pueden aparecer los llamados técnicos que aparentan oponerse siempre a la politiqueria corrupta y llegan a permanecer años en sus cargos rotando entre juntas, asociaciones, fundaciones, gremios, ministerios, cámaras etc, para así contribuir con su experiencia a tomar decisiones por el bien de una economía que se rige es por la ley de oferta y demanda y por resultados financieros y estadísticos, que pocas veces aciertan al mostrar la realidad de esa Colombia rural ajena al mundo del comercio, la gran banca y de la gran industria.
Esa otra Colombia agraria, encargada de producir más de 70% de nuestros alimentos está en su mayoría en la ruralidad en donde se encuentran más del 90% de los pequeños municipios categoría 5 y 6, centros poblados y veredas en donde habitan millones de las victimas de nuestra volencia que se niegan a ser desarraigados de su territorio.
Surgen entonces muchas preguntas sobre quiénes y cuántos habitan nuestra ruralidad, cómo son las condiciones en las que viven, qué servicios efectivamente les presta el estado, cómo son sus condiciones de seguridad en medio de la violencia que imponen grupos armados ilegales, el narcotráfico, la minería ilegal, la deforestación y los acaparadores de tierras en sitios donde no se encuentra un funcionario que se encargue de administrar justicia rural en un país sin jurisdicción ambiental y agraria.
Hoy los conflictos son resueltos por jueces promiscuos, civiles o administrativos que desconocen la realidad socioeconómica y cultural de nuestra dividida población rural conformada por grupos étnicos indígenas y afros y campesinos mestizos entre los que se cuentan la gran mayoría de los nueve millones de victimas que ha dejado el conflicto y que, hasta el momento, no ha podido encontrar ni en los procesos de restitución de tierras, ni en la Unidad de Reparación de Victimas la solución a sus problemas.
Es en este punto donde toma gran importancia la designación de la doctora Jennifer Mojica como nueva Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural en reemplazo de la doctora Cecilia López a quien hay que reconocerle el esfuerzo que hizo en 8 meses, pero que no logró conectarse del todo con un campesinado que si conoce muy bien por dentro la doctora Mojica. Basta con escuchar la autenticidad y la sinceridad de sus respuestas a las preguntas realizadas por Yamit Amat la semana pasada, para darnos cuenta que puede rendirle mucho más que a su antecesora por el simple hecho de conectar sus sentimientos a esa dura realidad rural que vive Colombia.
Si el miedo en el tema agrario es a la expropiación, nada lo justifica ya que tanto la Ministra Mojica como el mismo Presidente de la República se han encargado de dejar en claro el uso moderado que se le piensa dar a esta figura respetando los derechos que tienen los propietarios legitimos de la tierra.
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