“Durante dos décadas la violencia contra las lideresas negras del norte del Cauca les ha servido a los actores armados para someter al pueblo completo, enviar mensajes sobre la magnitud de su fuerza y mantenerlas como objeto de dominio, manipulación y control de los pueblos que ellas sostienen, guían, agrupan y representan”, afirma la periodista Carolina Gutiérrez Torres, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
Después de analizar e identificar las violencias específicas que han recibido las lideresas en dicha región –conformada por diez municipios, entre ellos Caloto, Corinto, Guachené y Puerto Tejada–, la investigadora evidenció que ellas han recibido violencias de muchos actores, tanto de mineros como de fuerzas más grises, porque en las acciones violentas perpetradas contra ellas hay legalidad e ilegalidad.
Según la magíster, la estratégica posición geográfica de la región ha sido de interés para las economías ilícitas como el narcotráfico y la minería, de ahí que quieran neutralizarlas, porque saben que ellas representan mucho en sus comunidades.
Para su estudio, inicialmente realizó una exploración documental que incluyó investigaciones académicas e informes de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento e instituciones oficiales, además de entrevistas a profundidad a ocho lideresas y un trabajo de campo periodístico en el territorio y con las personas importantes para ellas.
La investigadora determinó que en los pueblos negros del Pacífico colombiano las mujeres son las principales garantes de la seguridad alimentaria y del bienestar de su gente, son el eje central de las relaciones familiares y sociales, son poseedoras y transmisoras de saberes ancestrales y son el elemento que une y que permanece, por lo cual han sido víctimas de violencias específicas.
Al respecto, señala que “el Estado colombiano ha sido permisivo y promotor de estas violencias, que se han profundizado en momentos específicos como la ocupación paramilitar en el norte del Cauca (2000-2004), el arribo y la expansión de la minería tanto a gran escala como ilegal (a partir de 2006), y la reconfiguración de la confrontación armada tras las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC-EP (2016)”.
“El Estado no ha sabido proteger a estas mujeres, no ha escuchado su llamado al denunciar por lo que han pasado, le ha abierto la puerta a la gran minería extractivista que ataca su economía y su labor de cuidar el medioambiente, y por eso también es responsable, porque la violencia se ha perpetuado en contra de los derechos de las comunidades afro”.
Mecanismos de protección
Para garantizar la supervivencia de su pueblo y mantenerse vivas, las lideresas negras del norte del Cauca han construido sus propias ideas de lo político, tanto en lo privado como en lo público. Esa posición política ha sido su principal herramienta de resistencia.
“Estas mujeres han desarrollado las ‘juntanzas’, es decir que se han organizado, se han preparado y han hecho pedagogía con sus comunidades; son sujetos políticos que trabajan por educar a otras mujeres, que tienen un lugar en los espacios decisorios de sus movimientos y que han trabajado de manera concertada para llevar sus mensajes también fuera del territorio”.
Según la magíster, una de las estrategias de las lideresas ha sido rodearse de la comunidad internacional que defiende los derechos humanos, y que son espacios en donde han podido exigir que se garantice su seguridad y sus derechos; por eso han ganado premios internacionales que exaltan su labor.
“A pesar de las amenazas de las que han sido víctimas y por las que han tenido que salir del territorio, la mayoría de ellas han regresado a sus comunidades, porque allí se sienten protegidas y tienen redes de comunicación constante que detectan si hay personas o situaciones sospechosas. Además hoy, para evitar el subregistro de la violencia que recae contra ellas, están haciendo una recolección de datos y denuncias propias, de manera que también pueden acceder a una mejor reparación”, concluye.
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