EL NUEVO SIGLO: A poco menos de una semana de ir a las urnas para la primera vuelta presidencial, ¿cómo ve la democracia colombiana?
LUIS GUILLERMO GUERRERO: Atraviesa por un momento complejo, o atípico, por decir lo menos. No ha habido debate público con la presencia de todos los candidatos que aparecen como más opcionados, se han presentado problemas con la metodología aplicable a las encuestas y ha habido una abierta intervención en política desde el Gobierno.
A eso se suma que, también desde el gobierno, por boca del propio Presidente de la República, se pretende sembrar la duda sobre la integridad del proceso electoral. Creo que todos esos factores entrañan un riesgo para la democracia, que aspiro a que los colombianos y sus instituciones sepamos sortear.
ENS: ¿Por qué no funcionan las alertas y advertencias al presidente Petro para que no participe en política proselitista?
LGG: También estamos ante una situación atípica, porque el Presidente de la República ha esgrimido la tesis de que es el único vocero de la voluntad popular frente a la cual deben claudicar todos los poderes públicos.
El Presidente se sitúa así al margen de toda legalidad que no esté en sintonía con su interpretación de la Constitución y con lo que estima es el querer popular. Nuestro sistema de frenos y contrapesos no había anticipado una situación semejante y, por consiguiente, los instrumentos de contención se han mostrado insuficientes.
ENS: ¿Le faltan dientes y facultades a la Procuraduría para disciplinar al Jefe de Estado?
LGG: De acuerdo con nuestro modelo constitucional, el Presidente de la República está amparado por un fuero integral, de manera que el Procurador carece de competencia para investigarlo. En días pasados un grupo de ciudadanos preocupados dirigimos una comunicación al Procurador para solicitarle que, en desarrollo de su función de vigilar el cumplimiento del orden jurídico y representar los intereses de la sociedad, hiciera un claro llamado de atención al Presidente de la República.
Pero creo que más allá de ese llamado, que hasta cierto punto se produjo en los últimos días frente a funcionarios que no gozan de ese fuero, el Procurador sí podría desplegar con mayor energía y oportunidad sus competencias de vigilancia y sanción, porque estamos no ante episódicas actuaciones de algunos funcionarios, sino ante una movilización del aparato gubernamental que comporta una seria amenaza para la legitimidad democrática.
ENS: ¿Cree que el país necesita una reforma a fondo de la Constitución?
LGG: No creo que sea ni necesario, ni oportuno. En primer lugar, porque la Constitución de 1991 fue expresión de un muy amplio consenso en torno a los elementos fundamentales del diseño constitucional, y no se advierte que la solución de los problemas de gobierno pase por reformar la Constitución.
No es ese el camino para eludir el sistema de frenos y contrapesos que la Constitución ha previsto y que exige que las transformaciones del orden legal avancen sobre la base de acuerdos, y generación de mayorías, lo cual puede, en ocasiones requerir un periodo prolongado de deliberación, de maduración y de compromisos.
Tampoco creo que sea oportuno, porque, como están las cosas, de lo que se trataría es de sustituir el amplio consenso que dio lugar a la Constitución de 1991, por una Constitución partidista tramitada en escenarios de profunda confrontación, que no parecen propicios para acordar un nuevo marco constitucional en el que tengamos cabida todos.
El propio gobierno ha señalado que la propuesta de una constituyente surge para sacar adelante las reformas que no fue posible aprobar en el Congreso. Pero, precisamente, nuestro diseño constitucional, con un sistema de equilibrio de poderes, implica que las reformas no dependen de la voluntad de un solo sector o del querer del Presidente de la República, y que otros órganos del poder pueden, legítimamente considerar que tales reformas son inadecuadas o inoportunas.
Pero la respuesta del gobierno, es, “si en las instancias ordinarias no logramos imponer nuestro proyecto, pues cambiemos la Constitución, para suprimir esa oposición y seguir adelante con las reformas propuestas”. Y para eso se diseña una constituyente en la que las fuerzas afines al gobierno tendrían una presencia muy significativa, con una configuración que, probablemente, enfrentaría serios problemas de constitucionalidad.
ENS: ¿Cree que la Corte Constitucional logró resistir los intentos por vulnerar su autonomía o politizar sus decisiones?
LGG: Las altas Cortes han recibido presiones que estimo son inconcebibles en un Estado de Derecho y que han generado un cierto nivel de perplejidad en las instituciones que no saben cómo responder ante actitudes tan alejadas del ordenamiento constitucional. Aun así, las Cortes han resistido y han sido capaces de obrar con independencia.
ENS: Termina otro gobierno y tampoco fue posible una reforma a la justicia. ¿Por qué es tan difícil aplicar un ajuste de fondo a esta rama del poder público?
LGG: Creo que parte del problema está en que es fácil hacer diagnósticos, al punto que no sin razón se afirma que la administración de justicia está sobrediagnosticada. Lo que no es tan fácil es producir las soluciones y obtener los consensos necesarios para llevarlas a buen término.
ENS: ¿Ve riesgos a corto o mediano plazo de una deriva autoritaria en Colombia?
LGG: Infortunadamente ese es un fenómeno que se ha presentado en diversos lugares y desde distintas tendencias ideológicas. Estimo que el actual gobierno, con su concepción sobre el poder constituyente y su permanente invocación al pueblo que dice representar, sí ha dado lugar a que en Colombia se tema por una deriva autoritaria.
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