EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál será su objetivo como presidenta de la Federación Nacional de Departamentos?
Rafaela Cortés: Ser la voz unificada de las regiones de Colombia y construir un puente efectivo entre los gobernadores y el Gobierno Nacional para que el futuro del país se escriba desde el territorio. No llegamos a esta responsabilidad para administrar inercias, sino para liderar una reivindicación histórica: que cada decisión que afecte a nuestras comunidades se tome con nosotros, desde nuestras realidades y con los recursos necesarios para ejecutarla.
Hoy más que nunca el país necesita escuchar a sus regiones. Nuestra misión es consolidar un nuevo modelo de gobernanza territorial, que permita gestionar recursos directos, fortalecer la competitividad de cada departamento y garantizar que la seguridad, el desarrollo y la paz electoral se sientan en el territorio. No hay autonomía posible sin herramientas reales, ni democracia sólida si los departamentos no pueden proteger y proyectar a su gente.
ENS: ¿Cómo acercar los departamentos al Gobierno?
RC: Necesitamos pasar del diálogo accidental a una gobernanza permanente, con reglas claras, corresponsabilidad y confianza mutua. No se trata solo de coordinación administrativa, sino de construir un verdadero pacto territorial donde Nación y regiones actúen como aliados estratégicos.
Debemos restablecer la confianza y construir una agenda común que priorice las necesidades reales de cada territorio. La Federación Nacional de Departamentos (FND) puede y debe liderar ese proceso: mesas técnicas permanentes, participación directa en el Plan Nacional de Desarrollo y mecanismos de gestión conjunta de recursos para que las decisiones no se queden en Bogotá, sino que se ejecuten con eficiencia en las regiones.
Ese camino no es nuevo. Los gobernadores hemos sido claros en nuestros pronunciamientos: más competencias sí, pero con mayores recursos y capacidad de decisión. Los estudios de la Federación y de aliados académicos también muestran que la ciudadanía respalda esa ruta y que una reforma al Sistema General de Participaciones y a la ley de competencias es clave para equilibrar responsabilidades entre Nación y territorios.
ENS: La Contraloría advierte sobre mala distribución de regalías. ¿Qué opina?
RC: La transparencia es innegociable, el problema no es solo de distribución, sino de descentralización administrativa y de un sistema excesivamente burocrático que retrasa proyectos que las regiones necesitan con urgencia.
Las regalías son, por mandato constitucional, recursos territoriales. No son favores ni concesiones. Hoy el Sistema General de Regalías se ha convertido en un laberinto de trámites donde Bogotá termina autorizando lo que pertenece a nuestros territorios. Eso no fortalece el control: lo que hace es frenar el desarrollo.
Desde la Federación hemos insistido en simplificar el sistema, acelerar la ejecución y permitir que los saldos no ejecutados atiendan emergencias y necesidades urgentes de las comunidades. Como gobernadores hemos defendido siempre que a cada responsabilidad delegada le corresponda capacidad real de decisión y recurso técnico para ejecutarla.
ENS: En seguridad para las elecciones, ¿cuáles son las preocupaciones?
RF: La principal preocupación es el constreñimiento por parte de grupos armados y economías ilegales, que buscan influir en el voto mediante presión, miedo o dinero ilícito. No es una percepción aislada; es una realidad que en muchas regiones amenaza la libertad del ciudadano y la legitimidad de nuestra democracia.
Desde los departamentos lideramos los Comités de Seguimiento Electoral, articulamos con la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral, y estamos en territorio 24/7 escuchando a las comunidades. Las entidades recomiendan fortalecer la presencia institucional en zonas de riesgo, proteger candidatos y testigos electorales, mejorar la trazabilidad de la financiación de campañas y garantizar canales de denuncia seguros y rápidos.
Pero los gobernadores no comandamos las tropas ni manejamos la inteligencia estratégica del Estado. La Constitución le asigna al Gobierno Nacional la responsabilidad del orden público, y por eso necesitamos un acompañamiento real y contundente en las regiones más vulnerables.
ENS: ¿Qué problemas afrontan en la salud en las regiones?
RC: Una crisis de sostenibilidad financiera y de autonomía real para garantizar el servicio. A los departamentos se nos asignó la responsabilidad de ejercer la rectoría, dirección, vigilancia y control del sistema en nuestros territorios: formular planes de salud, garantizar la red hospitalaria de segundo y tercer nivel, liderar la salud pública y apoyar a los municipios.
Pero no tenemos el control del flujo de recursos ni estabilidad jurídica frente a decisiones unilaterales de la Nación. Eso genera incertidumbre financiera en hospitales, retrasos en pagos y deterioro de la calidad del servicio.
La salud territorial requiere tres cosas urgentes:
- Estabilidad en el flujo de recursos, para que hospitales y clínicas puedan operar sin incertidumbre.
- Concertación real de las reformas, porque decisiones tomadas en Bogotá sin escuchar a los territorios terminan asfixiando nuestras redes hospitalarias.
- Fortalecimiento de la red pública regional, con inversión en infraestructura, talento humano y tecnología.
Expertos en salud pública coinciden en que los sistemas descentralizados funcionan mejor cuando hay claridad en competencias, financiamiento estable y articulación efectiva entre niveles de gobierno. Sin eso, se rompe la cadena de prestación del servicio y el paciente termina siendo el más afectado.
Necesitamos restablecer la confianza entre Nación y regiones y construir una agenda común que priorice las necesidades reales de cada departamento. Las regiones no pedimos privilegios, pedimos coherencia.
ENS: ¿Cómo está la infraestructura en departamentos como el Meta?
RC: La infraestructura es la columna vertebral de la descentralización y del desarrollo real de las regiones. En el Meta hemos priorizado vías terciarias para dignificar al campesino, conectar veredas con cabeceras municipales y permitir que los productos salgan del territorio.
Pero los departamentos estamos haciendo mucho con muy poco respaldo nacional. La competitividad del país depende de grandes corredores que siguen siendo vulnerables, como la vía entre Bogotá y Villavicencio, clave para el abastecimiento nacional. Sin conectividad estable y segura, la justicia agraria, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural se quedan en el papel.
ENS: ¿Cómo está el Plan de Atención de Emergencias en las regiones?
RC: Es hoy una herramienta vital, pero todavía insuficiente frente a la magnitud de la crisis climática y social que vivimos. Los departamentos estamos respondiendo con planes territoriales de gestión del riesgo, salas de crisis permanentes, maquinaria propia, albergues temporales y articulación con alcaldes, bomberos, Defensa Civil y comunidades. Pero el modelo nacional sigue siendo demasiado reactivo y centralizado.
Necesitamos un Nuevo Modelo de Recuperación y Adaptación Regional, porque la naturaleza no espera trámites ni declaraciones formales para golpear a nuestras comunidades.
Desde la Federación hemos insistido en tres ajustes técnicos urgentes:
Autonomía operativa con recursos directos, para que los departamentos puedan actuar en las primeras 48 horas sin depender de autorizaciones centrales.
Preposición de maquinaria, insumos y ayudas humanitarias en zonas de riesgo, como recomiendan la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Cruz Roja Colombiana, que han insistido en pasar de la reacción a la prevención.
Sistemas de alerta temprana y planeación climática territorial, con información científica y coordinación interinstitucional.
ENS: ¿Cómo están las finanzas públicas para las regiones?
RC: Atraviesan una presión creciente que limita nuestra capacidad de planear el futuro. Hoy los departamentos dependemos en gran medida de rentas tradicionales —como impuestos al consumo de licores y cigarrillos— que además se ven afectadas por el contrabando y por decisiones nacionales que se toman sin concertación.
Esa fragilidad fiscal contrasta con las enormes responsabilidades que tenemos en salud, educación, infraestructura, seguridad y gestión del riesgo. Se requiere una reforma estructural al sistema de transferencias y regalías, mayor participación territorial en las rentas generadas por la riqueza del suelo, la energía y los proyectos productivos, y herramientas efectivas contra el contrabando que drena nuestros ingresos.
También necesitamos modernizar nuestras fuentes de ingreso. No podemos seguir dependiendo de impuestos obsoletos mientras asumimos desafíos del siglo XXI como la transición energética, la adaptación climática o la innovación productiva.
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