EL EXMINISTRO de Defensa, Diego Molano, sostiene que la denominada “paz total” implementada por el gobierno Petro ha desembocado en un serio retroceso de la seguridad nacional y un preocupante desorden territorial. Enfatiza que, durante la Administración Duque, la reducción de grupos armados organizados ‒de siete a cinco‒ y la captura de cabecillas como ‘Otoniel’ y ‘Pirry’ permitieron alcanzar las tasas de secuestro y homicidio más bajas en cuatro y tres décadas, respectivamente.
En contraste, denuncia que la actual política ha otorgado espacios de impunidad al Eln, al Clan del Golfo y a disidencias de las Farc, al no establecer reglas claras en los ceses al fuego, lo que ha redundado en la expansión de esos grupos y en un índice creciente de extorsiones, narcotráfico y desplazamientos forzados.
EL NUEVO SIGLO: El gobierno Petro dice que no hay un pico de violencia y que en realidad se están bajando las cifras de criminalidad frente a lo que dejó el gobierno Duque. ¿Usted qué opina?
DIEGO MOLANO: En el gobierno del presidente Duque sí se combatió de manera contundente a la criminalidad y a los grupos armados organizados. De siete grupos organizados presentes en el territorio nacional pasamos a cinco a final del mandato y hubo una reducción en el número de hombres en armas y en red de apoyo de casi 15.000 a 13.000.
En segundo término, se combatió a los principales cabecillas. Cayeron en Colombia alias ‘Fabián’, alias ‘Pirry’ del Eln, alias ‘Otoniel’, del Clan del Golfo y por supuesto ‘Majinbu’ en el caso de las disidencias de las Farc.
Tercero, tuvimos la tasa más baja de secuestro en los últimos 40 años y la tasa más baja de homicidios en el año 2021 en los últimos 30 años. Aquí se ve un incremento de violencia, pero es en el gobierno del presidente Petro por su política.
ENS: ¿Hasta qué punto la Política de Paz Total ha incidido en el aumento de la violencia a nivel regional y local?
DM: En el gobierno actual esta administración confundió la política de paz con la política de seguridad y ninguna de las dos está funcionando.
La Política de Paz Total ha incentivado el incremento de la violencia porque a través de los ceses al fuego no ha definido reglas claras a los grupos armados organizados, lo que le ha permitido expandirse territorialmente e incrementar el nivel de secuestros, la extorsión, el negocio del microtráfico y el narcotráfico.
Y eso lo que ha permitido es la mayor presencia y control territorial de los grupos armados afectando gravemente a los civiles, a los ganaderos, a los tenderos, a los taxistas, a quienes hoy extorsionan y secuestran de manera desmedida en más de 600 municipios en Colombia.
ENS: ¿Qué tan limitadas han estado las fuerzas militares y de policía para combatir a los actores armados ilegales?
DM: La Política de Paz Total no solo ha incentivado el crecimiento de los grupos armados, sino simultáneamente la política del gobierno ha debilitado a las fuerzas militares y la policía. Al no tener claras las delimitaciones de los ceses al fuego, lo que se ha permitido es que los grupos tengan control territorial y las fuerzas militares, particularmente quienes están en el territorio operando, no pueden actuar claramente.
En algunas ocasiones se crea conmoción interior, como en el Catatumbo se les manda la ofensiva y luego por el contrario se abren negociaciones con las disidencias de la Farc en la misma región como pasó la semana pasada. Eso genera confusión, pero, además, han limitado la capacidad de la Fuerza Pública, sacaron a 63 generales afectando el mando y control, disminuyeron el presupuesto durante 2 años en más de 800.000 millones de pesos, hoy vuelven a asignar recursos, pero ya es tarde para recuperar capacidades de la Fuerza Pública.
ENS: Hay analistas y observadores políticos que dicen que en materia de orden público estamos retrocediendo una década o más. ¿Usted qué opina?
DM: Estamos en la mayor crisis humanitaria de los últimos 30 años en este gobierno. Nunca se había visto un desplazamiento forzado de 52.000 personas como la del Catatumbo.
El nivel de homicidios y atrocidades, como el ejemplo, las masacres en el Catatumbo traen a recordar hoy las masacres que sucedieron en El Salado por los paramilitares o de Bojayá en el caso de las Farc o inclusive, lo que sucedió en Machuca con el Eln.
Lo que vemos es que se ha retrocedido en materia de seguridad y es evidente en todos los municipios colombianos y la gran queja de los ciudadanos que hoy están afectados, las familias, incluyendo un delito atroz como el reclutamiento forzado, que según la Defensoría del Pueblo, el año pasado fue el mayor año de reclutamiento forzado en los últimos años y nadie dice nada a favor de los niños y sus familias.
ENS: ¿Cree que la postura del Gobierno en torno a un tratamiento de flexibilidad penal con los distintos actores criminales ha incidido en un mayor índice delincuencial?
DM: Cuando se envía una señal por parte de un gobierno de que se le va a pagar a los delincuentes por no matar, por no robar, se genera un incentivo perverso que lo que hace es que los grupos criminales aprovechen esta posibilidad para seguir delinquiendo.
Miren el caso de alias ‘Calarcá’, que inclusive ha afectado a los policías y sigue con la protección. Eso manda una señal que desmotiva a la Fuerza Pública, pero, además, le permite seguir delinquiendo, extorsionando, secuestrando y en su negocio de narcotráfico. Por supuesto, lo que al final vemos son pueblos tomados y controlados por los grupos armados criminales.
ENS: ¿A cuánto cree que están ascendiendo hoy las hectáreas de narcocultivos en Colombia si llevamos dos años con metas de erradicación en lo mínimo?
DM: De acuerdo con las mediciones tanto de Naciones Unidas como la medición que hace Estados Unidos, llevamos 2 años en disminución del número total de erradicación de hectáreas y sin que tampoco funcionen los programas de erradicación voluntaria y mucho menos de erradicación forzosa.
Lo que llevaría a estimar que estamos por encima de las 300.000 hectáreas particularmente en todo el territorio nacional que se convierten en el principal combustible para la violencia y para el fortalecimiento de los grupos armados organizados como el Eln, el Clan del Golfo o las disidencias de las Farc.
ENS: ¿Cree que el Gobierno, como dicen algunos gobernadores y exgobernadores, vive en una realidad distinta a lo que está pasando en las regiones y municipios en donde el control territorial lo tienen los grupos armados?
DM: El Gobierno no vive en una realidad distinta. Lo que el Gobierno quiere es entregarle el control territorial a los grupos armados organizados. Aquí no hay ingenuidad del Gobierno. La estrategia está clara.
Montaron la Política de Paz Total para a través de los procesos al fuego, permitir que los grupos operaran y siguieran funcionando en las regiones, desarrollando narcotráfico y extorsión.
A los 6 meses cancelan las negociaciones supuestamente por incumplimiento de los grupos, pero el control territorial quedó en manos de los grupos armados ilegales. Al final es cada vez mayor control territorial, porque después de que se rompen los ceses al fuego, al final el control lo tienen los grupos armados organizados que además están arrendando los pueblos a los criminales.
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