Hacinamiento carcelario es hoy de 25,1%: Zuluaga

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo va el hacinamiento en cárceles y el llamado que se hace al Ejecutivo?

JUAN CAMILO ZULUAGA: La Contraloría General de la República, en el último informe realizado al Uspec – Inpec, evidenció que la problemática de hacinamiento persiste de manera generalizada, pese a los recursos invertidos para la ampliación, generación de cupos, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura en operación.

A la fecha existe un hacinamiento del 25,1%, representado en una población privada de la libertad de 102.218 personas para una capacidad de 81.726; es decir, una sobrepoblación de 20.492, de acuerdo con cifras del resumen intramural.

ENS: ¿Cómo van los presos en URIS y estaciones?

JCZ: De acuerdo con un Estudio Sectorial realizado por la Contraloría Delegada para el sector Justicia, en los últimos 25 años, las políticas públicas implementadas para disminuir las altas tasas de hacinamiento no han cumplido su cometido. Por el contrario, actualmente el hacinamiento sobrepasa el 20% sin incluir los índices en las URI y centros transitorios de reclusión.

Asimismo, en materia de infraestructura se evidenció que las URI, las estaciones y subestaciones de Policía no están diseñadas para la reclusión de personas por periodos prolongados. En estos lugares, no se garantiza el acceso efectivo a los servicios de agua potable, alimentación, salud o de aseo personal.

Durante el 2021 y el 2022, el hacinamiento y la población en estos centros de reclusión, siguieron creciendo. De acuerdo con el Informe estadístico del Inpec, en diciembre de 2022 la población detenida en estaciones de policía ascendía a 21.283 personas que, pese al aumento de la capacidad a 8.642 cupos, permanecían con un hacinamiento del 246,2%.

Centros

ENS: ¿Cómo avanzan las cárceles en Colombia?

JCZ: De acuerdo con la Actuación Especial realizada a la Uspec e Inpec, se evidenció que existen pabellones, ampliaciones y estructuras sin terminar o entregar, como es el caso de la Infraestructura Modular Penitenciaria Epmsc Santa Marta, por valor de $ 25.606.931.286; la no terminación ni entrega de la Infraestructura Modular Penitenciaria Epmsc Barranquilla, por valor de $ 23.783.529.578.

La no terminación ni entrega de la Infraestructura Modular Penitenciaria Epmsc Cartagena por valor de $ 23.219.811.941. La no terminación y puesta en funcionamiento de  la  Infraestructura Modular Penitenciaria Cpamscas La Paz Itagüí – Antioquia por valor de $ 25.639.435.911, entre otros, con 2.721 cupos aproximadamente, que no han entrado en operación, lo que permite manifestar que no se garantizan las condiciones exigidas y aumenta la problemática de sobrepoblación, situación que le permite a la CGR concluir que: en los establecimientos evaluados no se está garantizando las condiciones mínimas para reclusión de PPL y una correcta prestación de servicios penitenciarios por parte de Inpec.

ENS: En construcción, ¿cuántas son consideradas ‘elefantes blancos’?

JCZ: En desarrollo de la Actuación Especial se evidenció hallazgo fiscal por valor de $ 65.926.528.890, al no realizar el Proyecto de Construcción de la Colonia Agrícola – Camis Yarumal Antioquia.

De acuerdo con la revisión efectuada al recurso público invertido en el proyecto, se estableció que la ejecución del Convenio Específico Derivado N.° 1 del Convenio Marco de Cooperación N.° 393 de 2017, se encuentra suspendida la ejecución de manera indefinida desde el 28 de enero de 2019 y adicionalmente, afectado por la demanda conjunta interpuesta por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia de fecha 03 de noviembre de 2022, solicitando la liquidación y el reintegro de los recursos aportados al mismo, tanto del Convenio Marco de Cooperación, como del Convenio Específico Derivado N.° 1 del Convenio Marco de Cooperación N.° 393 de 2017.

Con Auto Admisorio de la demanda del 10 de noviembre de 2022 con Radicado N.° 05001-23-33-000-2022-01291-00, el cual le correspondió al magistrado de la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

El proyecto está suspendido de manera indefinida desde el 28 de enero de 2019, sin lograr cumplir con el objeto planteado en el mismo, como es la construcción y dotación de la Colonia Agrícola -Camis Yarumal Antioquia, con la consecuente inoportunidad en la satisfacción de la necesidad, lo que no ha permitido cumplir con el propósito de disponer a la fecha del proyecto productivo y la creación de nuevos cupos necesarios para los procesos de tratamiento penitenciario.

Por otra parte, existen recursos que fueron desembolsados a la fiducia por valor de $ 57.100.595.198 entre los meses de diciembre de 2017 y junio de 2018, aspecto que permite evidenciar que, a la fecha ha transcurrido un periodo de más de cuatro (4) años, generando la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los recursos mantenidos en la fiducia sin utilización alguna.

Alimentación

ENS: La alimentación de los presos, ¿cómo va este proceso?

JCZ: En el servicio de alimentación se evidenció que las condiciones de los ranchos o áreas de preparación de alimentos incumplen la Resolución 2674 de 2013, como normatividad aplicable a la materia, especialmente lo referente a aspectos: condiciones específicas de las áreas de elaboración; condiciones específicas de equipos y utensilios; condiciones de instalación y funcionamiento de equipos y utensilios; y condiciones de materias primas e insumos.

Se observan graves problemas de abastecimiento de materia prima en Cpmsbog “La Modelo” Bogotá, Coped Pedregal Medellín – Antioquia, la Paz Itagüí – Antioquia y Complejo Carcelario de Cúcuta – Norte de Santander; con lo que se encuentra en riesgo la seguridad alimentaria de esta población.

Se evidenció que los operadores están retrasados en los pagos de bonificaciones a la PPL, servicios públicos, proyectos productivos y proveedores. Esta situación pone en riesgo la continuidad de la operación y el servicio de alimentación en general.

ENS: ¿Cuáles son los retos como contralor delegado de Justicia?

JCZ: Además de vigilar los recursos públicos de las entidades que conforman el sector justicia en Colombia, también se tiene la responsabilidad de monitorear y controlar de manera efectiva el uso de estos recursos por parte de las entidades encargadas de administrar justicia. Esto implica un seguimiento constante para garantizar que se cumpla la normatividad y que no se produzcan desviaciones indebidas en la gestión financiera del sistema judicial.