Por: GUILLERMO GARCÍA REALPE
@GGarciaRealpe
Tras más de 35 años de vigencia el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT,
sigue dando de qué hablar.
En primer lugar, hay un malestar generalizado del gremio de motociclistas en Colombia
por las onerosas tarifas anuales que se cobran por concepto del SOAT.
Si bien las aseguradoras argumentan que como actores viales, son los motociclistas
quienes provocan la mayoría de accidentes en calles y carreteras lo que no les da un
margen absoluto para respaldar la atención en salud de las personas que sufren
accidentes y son víctimas de siniestros viales, porque dicen ellos, el porcentaje destinado
para tal fin no les da para cubrir. Manifestando un déficit en ese sentido que tiene que ser
subsanado con lo que pagan los propietarios de vehículos con cilindraje hasta de 2500
CC que hoy registran menos accidentalidad en las vías. Algo no del todo entendible,
cuando vemos que la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud) recibió entre 2016 y 2020, cerca de $1,8 billones de pesos.
Y es que el sistema de seguridad en carreteras se queja de que la gente no paga el
SOAT, y claramente no lo están pagando por los altísimos costos de esos seguros. En
muchas ocasiones el SOAT cuesta lo que vale una moto, entonces tiene que haber ahí
una racionalidad entre la tarifa y la garantía de seguridad en salud para terceros.
Ahora bien, no nos digamos mentiras, también se están presentando hechos de
corrupción gravísimos, no en vano en los últimos días hubo un pronunciamiento del
Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, denunciando que cinco IPS que manejan este
tema se han robado un billón (con B) de pesos. Algo totalmente desbordado que, requiere
una investigación a fondo y que los responsables vayan a la cárcel.
Estamos de acuerdo en que la gente pague el SOAT, pero a unas tarifas justas y que los
recursos sean bien administrados por las aseguradoras, las afiliadas a FASECOLDA.
Estamos aquí ante un caso similar a lo que ocurre en la Costa Atlántica con las tarifas de
energía eléctrica, la gente no paga por los altísimos costos en el valor de ese servicio.
Entonces, es prioridad en Colombia, establecer tarifas diferenciales para motociclistas,
todos sabemos que las grandes ciudades tienen un riesgo enorme de producir los
accidentes que lo que tienen que cubrir las pólizas, pero en el sector rural, entre los
campesinos de Colombia, hay mucho menos riesgo de accidentalidad, el número de
accidentes son muy bajos. Entonces, no existe digamos, la necesidad de tener grandes
tarifas para garantizar una accidentalidad muy baja, quiere decir que los campesinos de
Colombia están ayudando a financiar la alta accidentalidad de las ciudades, eso a toda
luces es injusto y por supuesto tiene que buscarse esa alternativa.
Hoy en Colombia la gente que es propietaria de un vehículo o una pequeña moto tienen
que trabajar no para el sustento de sus familias, sino para pagar los costos de los
seguros, los costos de las multas, los costos de las grúas, los parqueaderos en las
secretarías de tránsito, y además el exagerado precio que valen las licencias de
conducción en Colombia. Esto se volvió un círculo vicioso del abuso con la gente.
Es que no solamente la DIAN, la UGPP y otras estructuras tributarias del Estado han
dictado estatutos, sino que alrededor de estos temas del tránsito y el transporte y lo que
tienen que pagar los taxistas y motociclistas en Colombia, es exagerado.
Estoy de acuerdo que debe haber seguros, para amparar los riesgos, los accidentes, los
daños, y por supuesto los gastos de salud y hospitalarios, pero las tarifas que hoy tienen
los SOAT en Colombia en muchos casos son bastantes onerosas y la gente, no tiene
forma de pagar.
Por ejemplo, un campesino en Bruselas, el corregimiento cafetero más grande de
Colombia, ubicado en Pitalito, sur del Huila; me decía que paga $700 mil pesos al año,
cuando su motocicleta escasamente supera el millón de pesos en su valor comercial.
Entonces, estos colombianos están trabajando es para las aseguradoras. Algo ilógico.
Se está volviendo costumbre en Colombia que si no es la DIAN, es la UGPP, todo el
mundo quiere sacarles los ojos a los usuarios de los diferentes servicios y la gente ya no
aguanta más.
Lo que hay que hacer hoy es reglamentar de manera seria las tarifas tan altas que hoy
pagan los colombianos por concepto del SOAT, rebajar sustancialmente esas tarifas que
hoy son un atraco al bolsillo de los usuarios, y también poner en cintura a los miles de
intermediarios que venden el seguro bajo altos porcentajes de comisión. Se calcula que
en el país hay más de 22.000 intermediarios que venden el SOAT y muchas de estas
empresas captan hasta 25% del valor que pagan los usuarios para asegurar su vehículo.
De igual forma que las aseguradoras dediquen un porcentaje de esos billonarios recursos
y articulen con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, campañas de prevención efectivas
para evitar la alta accidentalidad vial que deja anualmente a más de 7200 víctimas en las
carreteras de Colombia.
Leave a Reply