ANATOLIO, ¡A PAGAR!

Esta semana la Corte Constitucional, en fallo de análisis de constitucionalidad del presupuesto del año 2022, aprobado el año pasado mediante Ley de la República 2159 de 2021, el alto tribunal se pronunció de que no podía derogar la Ley de Garantías del año 2005, Ley 996 para temas de igualdad de oportunidades electorales, manifestando de manera clara que, la ley de presupuesto es una ley ordinaria y no puede alterar, modificar o derogar, una ley de carácter estatutaria, como lo fue la Ley 996.

También manifestó que el carácter de la decisión de constitucionalidad era retroactiva, tiene vigencia desde antes y por lo tanto ordena la Corte, la restitución de recursos, suspensión de la ejecución de los convenios que celebró el gobierno nacional, con los gobiernos departamentales con los alcaldes acerca de inversiones que la gente comúnmente conoce como “mermeladas”.

Esta Ley de presupuesto cuando se estaba tramitando tuvo la crónica muy difundida de la presidenta de la Cámara de Representantes, Yenifer Arias, cuando estaba llamándose a lista para votar le llamó la atención al Representante Anatolio Hernández y le decía “Anatolio, ¡vote sí!, fue una manifestación muy conocida por todo el país y llamó mucho a la burla.

Entonces, hoy luego del análisis de constitucionalidad le vamos a llamar a esa disposición del presupuesto ilegal e irreglamentaria y anticonstitucional, la “Ley Anatolio”, porque realmente esta manifestación errada del gobierno nacional y del Congreso, pues se va a convertir en una norma que va a traer muchos dolores de cabeza para el gobierno, para los parlamentarios que aprobaron esta modificación a la ley de garantías y que tiene consecuencias de carácter penal, disciplinario y fiscal, por supuesto se constituye, en una grave violación de la ley y la Constitución y puede ser observada como prevaricato esta conducta, que muy seguramente lo analizará la Corte Suprema de Justicia.

Esta manifestación grosera del Congreso y del gobierno, es anti democrática, es una inobservancia del estado social de derecho.

Una actitud grosera, violatoria de normas estatutarias, pero, sobre todo manifiesta el desprecio por las normas y por la ley, por encima de toda consideración.

Esto se convierte en un testimonio de que el gobierno y el congreso no tuvieron escrúpulos para que la pasada campaña de elección de congreso, esos recursos sirviesen para la compraventa de votos y para influenciar indebidamente al electorado, se puede también constituir en una presión indebida al elector, por lo tanto, tuvo consecuencias muy graves para la democracia y se nota el desgreño, el desprecio y una actitud de corrupción de manera clara.

Los parlamentarios encabezados por Anatolio deben pagar las consecuencias de sus desafueros.

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