ENS: ¿Qué retos asumirá como magistrado del Consejo Nacional Electoral?
JUAN FELIPE LEMOS: La primera responsabilidad, no solamente de manera individual, sino como cuerpo colegiado, será liderar la presentación de un proyecto de ley que mantenga la autonomía financiera y administrativa del Consejo Nacional Electoral.
Eso ya se había logrado, pero la Corte Constitucional, en un fallo que nosotros entendemos y respetamos, nos obliga como primera acción en este periodo que inicia a presentar dicho proyecto de ley para sostener esa autonomía que fue incorporada en un artículo del Plan Nacional de Desarrollo y no era ese el mecanismo constitucional y legal para lograrlo.
Nos toca promover el trámite de una ley orgánica en el interior del Congreso de la República para resolver aquello que la Corte encontró con justas razones inconstitucional y que se requiere para mantener esa autonomía que va a garantizar que las funciones del CNE se puedan cumplir de manera expedita.
Además, tenemos la responsabilidad de recuperar la confianza de la opinión en dicha institución. Si bien es cierto el Consejo Nacional Electoral es una institución conformada por políticos que representan allí los partidos, tenemos la responsabilidad de emitir las decisiones administrativas con rigor legal más que con criterios subjetivos.
En ese ejercicio se han presentado en el pasado algunas controversias que nos tocará tratar de resolver con sensatez, con sentido común y con total apego a la Constitución. Por lo demás cumplir una tarea digna y responsable en esa magistratura durante estos cuatro años.
ENS: ¿Cómo mejorar la opinión pública que se tiene sobre el CNE?
JFL: La mejor manera de hacerlo es a través de fallos o decisiones administrativas que no correspondan a intereses subjetivos, a visiones personales, a causas individuales, sino a los fallos del Consejo de Estado, a la jurisprudencia, a la doctrina y sobre todo a la Constitución y la ley.
Tenemos la obligación de actuar en derecho y no estar buscando salidas alternas, tomando decisiones administrativas que luego sean recurridas ante el Consejo de Estado quien, vía fallo judicial, determine o defina decisiones en una línea o dirección distinta a la que debió haber aplicado el CNE.
Mientras más actuemos apegados a la objetividad, más podremos devolverle la confianza a la ciudadanía en que la tarea que allí se realiza se da con rigor académico, con rigor legal y que de cierta manera evite que quienes participan en el proceso electoral, una vez nosotros emitimos una decisión, tengan que recurrir al Consejo de Estado porque no están de acuerdo con esas decisiones nuestras, porque no las consideran ajustadas a la ley y a la Constitución.
ENS: ¿Qué papel jugará el CNE en las elecciones regionales que se avecinan?
JFL: La tarea del Consejo Nacional tendrá que ver con la fiscalización financiera de las campañas, la fijación de topes, la investigación sancionatoria, la reposición de gastos, la regulación de la propaganda exterior y de medios de comunicación, el registro de encuestadoras.
Reglamentar todas esas actividades, hacer el control político, promover y garantizar que las elecciones se hagan con absoluta y total transparencia, corregir problemas que se generan en esas elecciones de fraude electoral. A pesar de que el sistema electoral colombiano se ha venido fortaleciendo con el pasar de los años, en las elecciones a corporaciones públicas todavía se presentan muchas falencias en materia de escrutinio de votos.
Ahí hay que ejercer un mayor rigor en el control para garantizar que los resultados correspondan a la realidad electoral en cada uno de los municipios y departamentos de Colombia.
ENS: ¿Se debe tramitar una nueva ley de encuestas?
JFL: Esa ley que tramitó el Congreso de la República ha sido objeto de muchos cuestionamientos en la opinión pública. Las encuestas deben ser una herramienta de medición de las realidades políticas del respectivo momento político electoral y a mi juicio, esa ley habrá que revisarla.
Eso será parte de la conversación que tendremos con los demás magistrados para ver si, entre todos, somos capaces de ponernos de acuerdo en evaluar la posibilidad de presentar un proyecto que mejore la ley en cuestión.
Tendremos que revisar las falencias que se presentaron y sobre esa base empezar a conversar y tratar de formular un proyecto que pueda corregir, por ejemplo, hasta cuándo pueden ser publicadas, cuáles son los parámetros técnicos para elaborarlas. Hay que definir unos parámetros claros, medibles, que no obedezcan a la interpretación subjetiva de las empresas, que esas encuestas reflejen la realidad electoral y no puedan ser objeto de manipulación para incidir en el ánimo electoral de la comunidad.
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