de tutela en contra de la fiscalía general de la Nación debido a la expedición de la
Directriz 001 de 2024, una normativa que representa una grave vulneración a los
derechos fundamentales de los colombianos y que podría llevar al país hacia un
preocupante estado de impunidad y caos.
Esta directriz, bajo el supuesto de proteger la protesta social pacífica, permite que actos
delictivos cometidos durante manifestaciones, tales como daños a la propiedad pública
y privada, injurias, calumnias y obstrucción de vías, no sean investigados ni
judicializados. En términos claros, esta disposición implica que delincuentes podrían
utilizar la protesta como escudo para cometer crímenes, mientras la Fiscalía renuncia a
su deber constitucional de perseguir y judicializar dichos delitos.
“Esta directriz, bajo el pretexto de proteger la protesta social pacífica, permite que los
delitos cometidos durante las manifestaciones como los daños a la propiedad pública y
privada, la obstrucción de vías en incluso las injurias y las calumnias, no sean
judicializadas. Eso significa que los delincuentes que se escudan en el derecho a la
protesta pueden cometer cualquier crimen. Más grave aún, al emitir la directriz, la fiscal
general está suplantando al Congreso, imponiendo nuevas reglas sobre lo que es un
delito y lo que no es, invadiendo las funciones que le corresponde al legislador”, aseguró
el senador Uribe.
Principales puntos de la acción de tutela:
Vulneración del derecho de acceso a la justicia: Esta directriz afecta uno de los
principios fundamentales de nuestra democracia, el derecho de acceso a la
administración de justicia, al desestimar la persecución de delitos cometidos durante
protestas.
Renuncia a su mandato constitucional: La fiscalía general, mediante esta directriz,
renuncia a su obligación establecida en el artículo 250 de la Constitución, donde se
señala su deber de perseguir los delitos. Al no investigar ni sancionar actos tipificados
como crímenes, se deja a las víctimas y a todos los ciudadanos sin la protección que la
ley les garantiza.
Suplantación de las funciones del Congreso: Al emitir esta directriz, la fiscal general
se atribuye funciones que corresponden al legislador, estableciendo nuevas reglas sobre
qué es delito y qué no lo es. Ningún funcionario, sin importar su poder, tiene la facultad
de redefinir el marco penal a su antojo, ni de permitir que ciertos delitos queden impunes.
Mensaje peligroso: Con esta directriz, la Fiscalía está enviando un mensaje
equivocado: que es posible cometer crímenes durante las protestas y no enfrentar las
consecuencias legales. La protesta pacífica es un derecho, pero no debe ser utilizada
como una justificación para la comisión de delitos
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