El Ministro de Educación Nacional, José Daniel Rojas Medellín, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley “Acuerdo Nacional por la Educación Superior”, una iniciativa que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con el propósito de garantizar una financiación adecuada y sostenible para las universidades e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales u oficiales del país.
La importancia de este Acuerdo radica en que el esquema de financiación para las Instituciones de Educación Superior públicas no cuenta con medidas que respondan al aumento de la matrícula, el comportamiento de los costos y gastos salariales, entre otras; siendo así que, entre los años 2000 y 2023, la matrícula en las IES públicas aumentó un 176%, mientras que las transferencias de la Nación solo se incrementaron en un 62% en términos reales a precios de 2023.
El ministro Daniel Rojas Medellín informó que el proyecto de ley propuesto busca, en un horizonte de 15 años, alcanzar una inversión del 1% del PIB en la educación superior del país, acercándose con el promedio de la OCDE. Actualmente, Colombia invierte aproximadamente el 0.54% del PIB, y aunque se han hecho esfuerzos por aumentar la financiación, el país aún está lejos de los promedios de los países desarrollados.
Además de la financiación, el proyecto también se enfoca en mejorar la cobertura educativa. Al respecto, el titular de la cartera Educativa resaltó que la tasa de cobertura bruta en educación superior en Colombia es del 55,38%, muy por debajo del 80% al que en promedio llegan otros países. También, se enfatizó la necesidad de desconcentrar la oferta educativa, que actualmente se centra en grandes regiones como Bogotá, Antioquia, el Valle del Cauca y Santander, dejando grandes brechas en territorios históricamente excluidos.
“Sabemos que nos queda mucho por recorrer, pero este acuerdo nacional, que supera ideologías y estratos, nos une como colombianos y colombianas. La financiación es el primer paso para transformar la educación y garantizar el acceso equitativo a todos”, afirmó el ministro.
El nuevo modelo de financiación propuesto para las IES públicas contempla el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el que sea mayor, calculado anualmente por el DANE. Asimismo, asigna recursos equivalentes al 0,05% del Producto Interno Bruto calculado por el DANE en el primer año de aplicación de la Ley, para establecer la base presupuestal de las ITTU estatales u oficiales, incluidos los establecimientos públicos del orden territorial en los que la nación no concurre para su financiación.
Por otro lado, establece recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación para aumentar el acceso, permanencia y graduación de estudiantes en las IES públicas, mejorar la calidad y pertinencia de la oferta educativa, fortalecer las plantas docentes y administrativas, y financiar proyectos de infraestructura y fortalecimiento institucional, así como para garantizar la sostenibilidad de nuevas seccionales, sedes o lugares de desarrollo.
Las voces del sector
En el marco del evento de radicación del proyecto de ley ‘Acuerdo por la Educación Superior’ fueron diversas las voces que se sumaron y destacaron la importancia de esta iniciativa.
“Desde la RedTTU propendemos por una educación inclusiva y de alta calidad, donde se visibilice y reconozca a las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias públicas en Colombia como actores principales en la transformación de una sociedad desigual. Por eso, nuestro total respaldo al gobierno nacional con este proyecto de ley”, dijo Ariosto Ardila, rector de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, en representación de la RedTTU.
“Reformar los artículos 86 y 87 no es una reforma común; es corregir un sistema que ha condenado a la universidad pública a un desfinanciamiento estructural. Esta reforma busca garantizarle a la universidad pública un crecimiento sostenible, ampliando cobertura y fortaleciendo infraestructura, para garantizar la educación como un derecho fundamental para los jóvenes de Colombia.”, señaló Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal – SUE.
“La educación y su financiamiento tiene que ser pensada desde los territorios, no solamente desde las centralidades. Necesitamos que nuestros estudiantes y sedes universitarias tengan garantías para su funcionamiento, y confiamos que a través de este proyecto de ley lo podamos lograr “, expresó Pilar Andrea Campo de la Red de Cabildos Indígenas Universitarios y estudiante de la Universidad del Cauca.
“En memoria de tantos estudiantes caídos en la defensa de la educación superior, ratifico mi compromiso por sacar adelante esta iniciativa que firmo como coautor. Esta es una deuda histórica con el país que es fundamental saldar.”, aseguró Jaime Raúl Salamanca, presidente Cámara de Representantes.
“Esta iniciativa tiene más de 70 firmas de congresistas de todos los partidos y anhelo ver en este proyecto que los derechos se conquisten a la luz de la movilización social”, indicó Jennifer Pedraza, representante a la Cámara.
“Agradezco al presidente Petro y al ministro Daniel Rojas por liderar este proyecto, respaldado por el movimiento estudiantil, los profesores y las distintas agremiaciones. Es el primer paso para resolver problemas de garantías a los docentes y de infraestructura”, señaló Gabriel Becerra, representante a la Cámara.
De esta manera, el Ministerio de Educación Nacional reafirma su compromiso con la transformación del sistema educativo colombiano, enfocándose en la inclusión, la equidad y la excelencia.
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