Por Nicolás Albeiro Echeverry
Colombia tiene la oportunidad de demostrar que producir oro, generar empleo y proteger la naturaleza no son objetivos incompatibles. El desafío es superar la falsa disyuntiva entre desarrollo y ambiente para avanzar hacia una minería regenerativa: una actividad que no solo reduzca sus impactos, sino que contribuya a recuperar suelos, proteger el agua, restaurar la biodiversidad y generar oportunidades para las comunidades.
Este propósito exige una conversación inteligente con todos los eslabones de la cadena minera y comercial, así como una revisión profunda de un marco normativo disperso y desactualizado. Es inaplazable revisar la Ley 2.ª de 1959 y actualizar la información sobre nuestros suelos y territorios, con fundamento en criterios técnicos y científicos. Partir de diagnósticos incompletos puede generar barreras para la formalización, la legalidad y la trazabilidad del oro.
En este camino, la articulación institucional es fundamental. La experiencia ambiental de nuestro ministro de medio ambiente Fabio Arjona, el conocimiento técnico del viceministro de Minas, Luis Francisco Madriñán, y la capacidad de gestión de Juan Camilo Valencia González desde la Agencia Nacional de Minería de quienes no tengo duda tienen una agenda común entre el Estado, los empresarios, los pequeños mineros y las comunidades. El reto es convertir esas capacidades en soluciones concretas para el sector.
La minería responsable necesita reglas claras, acompañamiento técnico y caminos efectivos hacia la legalidad. La institucionalidad no puede limitarse a sancionar; también debe facilitar la transformación.
Eliminar el mercurio es una meta impostergable. Para lograrlo se requieren tecnología limpia, capacitación, financiación y plantas de beneficio eficientes. La formalización debe dejar de ser un trámite interminable y convertirse en una oportunidad para mejorar la productividad, proteger el ambiente y dignificar el trabajo minero.
Antioquia puede liderar esta transformación. En municipios como Segovia, Remedios, Buriticá, El Bagre, Zaragoza y Caucasia, la minería hace parte de la realidad económica y social. Allí es posible demostrar que la recuperación de áreas degradadas y la protección del agua pueden avanzar de la mano con el empleo y el desarrollo local.
La minería regenerativa debe demostrar resultados: fuentes hídricas protegidas, ecosistemas restaurados, menos contaminación, más empleo formal y mayores beneficios para las comunidades. Para ello, necesitamos indicadores verificables, trazabilidad desde el origen hasta la comercialización y alianzas entre el sector público, las empresas, los pequeños mineros y la academia.
Pero también debemos hablar de competitividad. Los comercializadores internacionales han advertido sobre la necesidad de combatir el contrabando y fortalecer la legalidad. Esta lucha exige controles eficaces, pero también revisar una carga tributaria que puede comprometer la viabilidad de las empresas formales. El Gobierno debe escuchar al sector y evaluar ajustes que permitan competir en condiciones razonables, sin sacrificar las obligaciones ambientales, laborales ni la financiación del Estado.
El futuro del oro colombiano no consiste en extraer más, sino en producir mejor. Cada gramo de oro legal debe convertirse en una oportunidad para fortalecer la economía, recuperar la naturaleza y mejorar la vida de las comunidades. Ese es el verdadero sentido de una minería regenerativa: que el oro deje riqueza, empleo y esperanza, no cicatrices en nuestros territorios.
*Exsenador conservador y Ceo Biotank
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