UN TOTAL de 65 candidatos en las elecciones regionales y locales del mes próximo aparecen en el boletín de responsable fiscales de la Contraloría General de la República, por lo que estarían inhabilitados para ocupar el cargo si no se ponen antes al día con las acreencias.
La cifra fue entregada ayer por el contralor general (e), Carlos Mario Zuluaga, durante el foro electoral elecciones 2023, en el que participaron diferentes entidades.
Zuluaga explicó que los candidatos que aparecen en este reporte pertenecen a por lo menos 30 colectividades políticas. Añadió que ahora lo que corresponde es “consultar al Consejo Nacional Electoral si los partidos decidieron o no inscribir los aspirantes a gobernaciones y alcaldías”.
Dijo el contralor general de la República (e) que “con la legislación vigente es imposible que una persona que aparezca reportada en el boletín de responsables fiscales pueda aspirar a un cargo de elección popular, porque constituye una inhabilidad. Igual ocurre si está en el reporte disciplinario de la Procuraduría General de la Nación”.
En ese sentido advirtió sobre los 65 candidatos que aparecen en el boletín de responsable fiscales de la Contraloría General de la República, que “si alguno de ellos fue inscrito, bajo el ordenamiento que tenemos el Consejo Nacional Electoral debería revocar dicha inscripción”.
En tanto que la procuradora delegada para Asuntos Electorales, Sonia Téllez, informó que, de 128.208 candidatos inscritos en la Registraduría para los comicios del próximo 29 de octubre, 700 registran información relacionada con inhabilidades disciplinarias para desempeñar el cargo al cual se aspiran.
Trashumancia
También en el ámbito del foro electoral elecciones 2023, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez, dijo que por posible trashumancia fue anulada la inscripción de la cédula que hicieron más de 291.000 ciudadanos en todo el país.
“Donde más se ha evidenciado el tema de trashumancia es La Guajira, en la Jagüa de Ibirico; lo mismo que en el departamento del Chocó, en Riosucio; en Guatapé, Antioquia”, señaló la magistrada.
Entre tanto, la procuradora encargada Téllez coincidió y manifestó en que la trashumancia es uno de los principales riesgos para las elecciones a desarrollarse el 29 de octubre. “En donde se ha llamado la atención sobre esto es Bogotá, Cartagena, Barranquilla, donde hay un incremento de inscripciones”.
Enfatizó que otro de los riesgos recae sobre el derecho de participación de las mujeres. “Hablamos de violencia, pero una violencia que de pronto está siendo desconocida, invisible, es la violencia contra las mujeres”.
Al evento, también asistió el vicedefensor Luis Andrés Fajardo, quien reveló que se han identificado 9 zonas del país en donde hay riesgo electoral por la presencia de grupos armados al margen de la ley. Explicó que se han generado alertas en este sentido en regiones como el Pacífico y Antioquia, Putumayo, Caquetá y Meta.
Además, sostuvo que en el centro del país está el Huila y una parte de Bogotá en la localidad de Sumapaz; y en el nororiente Arauca y la región del Catatumbo en Norte de Santander.
De igual manera, señaló que en el departamento del Huila se han presentado restricciones a la movilidad, amenazas y extorsiones a candidatos. “Lo que nos preocupa es que estos grupos están poniendo condiciones para el ejercicio de la política y que los candidatos estén siendo coaccionados a tener unas líneas, y que tengan intereses en contrataciones”.
Indicó que lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo es adelantar las alertas para evitar que se ven afectadas las elecciones.
Mientras que, el viceministro del Interior, Gustavo García, indicó que al día de hoy se tiene un 75% de los puestos cubiertos por la Fuerza Pública y se espera que para el 15 de octubre se logre el 100%. Destacó que “67.000 hombres del Ejército y la Policía estarán cuidando los puestos”. Añadió que los partidos de oposición tendrán todas las garantías en seguridad.
Por otra parte, Andrés Idárraga Franco, el secretario de Transparencia, recalcó que se tiene el llamado botón electoral, que es donde se recogen las denuncias como el constreñimiento.
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