Por Centro de Pensamiento Primero Colombia
100 días del gobierno Petro: la implementación de un programa de gobierno que conduce a
Colombia hacia un lugar colmado de riesgos.
Planteamiento:
Al cumplirse los 100 primeros días del gobierno Petro, el expresidente Álvaro Uribe dijo
a la prensa:
“independientemente de que estemos en desacuerdo, hay unos temas que hay que
reconocerle al presidente Petro: nada de lo que ha dicho lo ocultó en campaña. Así
a nosotros nos parezca que hay unos temas muy negativos, tenemos que aceptar
que él ha sido muy coherente”1.
Claramente, en las elecciones de 2022 la mayoría ciudadana -50.44% de los sufragantes
en la segunda vuelta- votó por un candidato cuyo programa fue ampliamente difundido
y, también, debatido. Fue decisión de las mayorías adoptar el proyecto para Colombia
que presentó Gustavo Petro.
Desde los tiempos del presidente Franklin Delano Roosevelt -1933 a 1945- las
democracias suelen hacer una evaluación de los primeros 100 días de los mandatos
1 Ver: https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1592133234812686336?s=20&t=n0CPGcA1IXbb3de56dX1Q
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presidenciales. Roosevelt se fijó ese plazo para implementar las medidas necesarias que
permitieran sacar a los Estados Unidos de una profunda depresión económica que tenía
en vilo la existencia misma de la nación americana. El objetivo de Roosevelt era marcar,
evidenciar las diferencias de gestión respecto a la de su antecesor -Herbert Hoover-, a
quien el pueblo repudió por el mal manejo que dio al llamado Crash del 29 (1929) que
desembocó en la peor depresión económica de la historia reciente.
Colombia no ha sido la excepción; al cumplirse los primeros 100 días de cada gobierno,
se hace un corte de cuentas con el fin de analizar cuál es el rumbo que el presidente quiere
darle al país. En esos tres meses las administraciones presentan los proyectos clave y
formulan las políticas públicas esenciales que pretenden desarrollar a lo largo del
cuatrienio.
¿Es posible saber hacia dónde va Colombia pasados los primeros 100 días del gobierno
de Gustavo Petro? La respuesta a ese interrogante puede hallarse en las palabras de
Álvaro Uribe: Petro ha sido coherente y está haciendo lo que propuso en la campaña.
Del dicho al hecho, no ha habido gran trecho:
Gustavo Petro abrió todas sus cartas en la campaña presidencial. El programa de corte
social-comunista que difundió fue amplificado por los medios de comunicación. Los
electores del candidato de la llamada Colombia Humana tuvieron oportunidad de conocer
el proyecto de país que prometieron Petro y los candidatos que integraron sus listas a
Senado y Cámara. Hubo respaldo a un programa y a un talante político.
El gobierno se inauguró con la presentación de una serie de proyectos con los que
pretende materializar el “cambio” propuesto en la campaña. Proyectos cuya casi
totalidad van en contravía de la tradición política y económica nacional.
Uno de los anuncios más trascendentales ha sido la llamada “transición energética”.
Petro, adscrito a la corriente del “fundamentalismo ambientalista” común a los
movimientos socialistas contemporáneos, propuso cambiar el modelo económico
nacional que él llama de “economía extractivista”, y contra el que repetidamente ha
lanzado críticas feroces2.
Ese planteamiento ya había sido esbozado por Petro en la campaña electoral de 2018
cuando propuso por primera vez suspender la extracción de combustibles fósiles y
2 Sobre la política de hidrocarburos del gobierno, puede remitirse al Análisis de Coyuntura “El nuevo gobierno
pretende tramitar una ley que prohíba la Fracturación Hidráulica con Perforación Horizontal de los Yacimientos No
Convencionales”, publicado por el Centro de Pensamiento Primero Colombia en la segunda quincena de agosto de
2022.
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estimular la producción agrícola e industrial3. En 2022 repitió la misma tesis. En su
programa advirtió que
“en nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de Yacimientos
No Convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo
de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración
de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto…”4.
Lo dijo y repitió a todos quienes quisieron oírlo. Consecuente con su promesa, una de las
primeras designaciones que hizo como presidente electo fue la de Irene Vélez. Es decir,
nombró como Ministra de Minas y Energía, a una filósofa de la Universidad Nacional de
Colombia con estudios de doctorado en geografía política de la universidad de
Copenhague, para que pusiera en marcha su “economía del decrecimiento” e impusiera
una política de “cero exploración gasífera y petrolera”. Los primeros anuncios de Vélez
fueron motivo de controversia pública nacional y tuvieron graves efectos sobre la
economía.
Þ Propuesta del “decrecimiento” económico. Fue lanzada en el Congreso Nacional de Minería en
Cartagena a comienzos de septiembre de este año.
Þ Cuantificó el déficit del “Fondo de la gasolina” en $10 mil billones de pesos.
A esas expresiones que delataron su desconocimiento del sector del que es cabeza en su
calidad de ministra, se han sumado los anuncios sobre la suspensión de nuevos proyectos
de exploración de hidrocarburos en el país.
La viceministra Belizza Ruiz Mendoza, en el marco del congreso de Naturgas, ratificó que
no habrá nuevos contratos de exploración o explotación. Y para que no quedaran dudas
sobre lo que estaba diciendo, en tono desafiante, puntualizó: “No sé qué parte de esa frase
no han entendido”5.
Ante la crisis que generó la notificación, el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo
se vio forzado a declarar que la determinación de suspender la exploración de nuevos
yacimientos aún no ha sido adoptada.
Los anuncios del gobierno contra el futuro de la producción de petróleo y gas, sumados
a factores externos que afectan en algún grado la economía colombiana, aumentaron la
incertidumbre y la volatilidad de los mercados locales. La sensación de inseguridad
creció por el anuncio de que Colombia podría dejar de producir gas para comprarlo a
Venezuela. Varios expertos ripostaron que resulta insensato adquirir un recurso con el
3 Ver: https://www.larepublica.co/economia/petro-propone-pasar-de-un-modelo-economico-extractivista-a-unoproductivo-2737267 4 Ver: https://gustavopetro.co/programa-de-gobierno/temas/ 5 Ver: https://forbes.co/2022/10/09/economia-y-finanzas/minhacienda-desmintio-a-viceministra-de-minas-no-seha-tomado-decision-de-no-explotar-ni-explorar-hidrocarburos/
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que cuenta el país y pagarlo con un dólar cuyo precio ha traspasado la barrera de los
cinco mil pesos.
Uno de los principales animadores de la idea de importar gas venezolano es el embajador
de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, quien, sin rigor técnico alguno, aseguró
que la “compra es necesaria porque nuestro país se quedará sin gas en los próximos siete
años. Ellos [Venezuela] ya tienen el gaseoducto que sale del propio golfo de Maracaibo.
Ellos ya tienen la explotación, un gasoducto, solamente habría que buscar unos 30, 40
kilómetros para que se pueda empezar a comercializar desde Colombia”6.
La voz de los expertos devela la simpleza del razonamiento del embajador Benedetti:
Þ Colombia tiene reservas probadas de gas de 3.164 giga pies cúbicos.
Þ Hay 262 campos de producción de gas en el país.
Þ Existen 170 contratos vigentes de exploración y explotación de gas.
Þ Colombia produjo 12.6 millones de metros cúbicos de gas en 2021.
Þ Suspender la exploración impide que se aumenten las reservas.
Þ Comprar gas a Venezuela tendría un incremento del costo para los más de 10 millones de hogares
que lo consumen.
Þ Entre el 15 y el 30% de la electricidad que se consume en el país es producida con gas. La
importación aumentaría su precio.
Þ Una importación de gas desde Venezuela pone en grave riesgo, según los conocedores de la
materia, la seguridad energética nacional.
Algunos aliados del gobierno, como el presidente del Senado, Roy Barreras, han tratado
de matizar el asunto con mensajes como que la transición energética deberá
implementarse paulatinamente. En una entrevista con el diario El Tiempo aseguró:
“Es indispensable que, después de una evaluación seria que haga el gobierno, se
diga con toda claridad que la exploración y explotación petrolera, en el proceso de
transición, no se hacen en 15 días sino en quince años. Y que habrá estabilidad
jurídica y contractual de los contratos, incluso de nuevos de exploración. Tenemos
que sacar el petróleo, venderlo a 100 dólares el barril y con eso darles de comer a
los pobres, financiar la energía eólica y la energía solar”7.
La declaración de Barreras sonó como un llamado a la sensatez, pero no tuvo eco. El
propio presidente Petro insistió en su discurso radical contra los combustibles fósiles. En
una conferencia en Paris aseguró, con gesto apocalíptico, que
6 Ver: https://www.semana.com/politica/articulo/es-necesario-que-colombia-le-compre-gas-a-venezuelaarmando-benedetti/202247/ 7 Ver: https://www.eltiempo.com/politica/congreso/roy-barreras-dice-que-transicion-energetica-no-se-hace-en15-dias-717545
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“por el lado latinoamericano, países como Venezuela que tiene altísimas reservas de
petróleo, o Colombia que tiene altísimas reservas de carbón; si nosotros usáramos
nuestro carbón del subsuelo, la humanidad muere”8.
Þ Las reservas de carbón de Colombia (16.5 mil millones de toneladas) son ínfimas comparadas con
las potencias carboníferas.
Þ Los cinco países con mayores reservas de carbón son:
o Estados Unidos: 250.9 mil millones de toneladas.
o Rusia: 160.3 mil millones de toneladas.
o Australia: 144.8 mil millones de toneladas.
o China: 138.8 mil millones de toneladas.
o India: 97.7 mil millones de toneladas.
Adiós a la guerra contra las drogas en aras de la “paz total”:
En el programa de gobierno de Petro se lee:
“Cumpliremos el acuerdo final de paz, avanzaremos en el diálogo con el ELN y
someteremos a la justicia a los grupos multicrimen (sic). Pasaremos de la guerra
fracasada contra las drogas a un proceso integral de sustitución de economías y
tierras a favor de una economía productiva que dignifique a las poblaciones
rurales y proteja la naturaleza”.
Más adelante insiste en que
“el pequeño productor [de cultivos ilícitos] no será judicializado, fumigado o
desplazado sino al contrario en el marco de sustitución de tierras y economía
encuentre un lugar digno y conocimiento para contribuir a la regulación de las
drogas”9.
El programa de Petro sobre las drogas puede sintetizarse de la siguiente manera:
Þ No a la fumigación.
Þ No a la sustitución forzada de cultivos.
Þ No a la judicialización de cultivadores.
Þ Sí a la despenalización.
Þ Revisión de mecanismos de cooperación judicial como la extradición.
Þ Se parte de la premisa de que la lucha contra las drogas “fracasó”.
A finales de agosto de 2022, en el debate sobre la prórroga de la ley de orden público –
originalmente Ley 418 de 1997-, el gobierno presentó las modificaciones a la norma con
8 Ver: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/petro-si-nosotros-usaramos-reservas-de-carbon-lahumanidad-muere-716359 9 Ver nota al pie número 4 (pag. 2)
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el fin de adecuarla a su plan de “Paz total”. El ministerio del Interior sintetizó los cambios
en siete puntos:
- Política de paz como política de Estado con carácter vinculante.
- Vincular la política de paz con los planes de desarrollo de los territorios.
- Incorporar el concepto de “seguridad humana” como elemento fundamental de la “Paz total”.
- Facilitar la celebración de acuerdos parciales con grupos ilegales.
- Trabajo conjunto de los ministerios para la consolidación de la paz.
- Reemplazar el servicio militar obligatorio por un servicio social.
- Consolidación de un solo Fondo que administrará los recursos para financiar proyectos de paz10.
La norma aprobada por las mayorías oficialistas le despejó el camino al gobierno para
que, a través del Alto Comisionado para la Paz, establezca contacto y adelante eventuales
negociaciones con los disidentes del acuerdo con las Farc como ‘Iván Márquez’,
autorización a la que se opuso el negociador del gobierno Santos, el actual senador
Humberto de La Calle. Sus palabras fueron:
“yo propongo un artículo explícito en el que se diga que los desertores no pueden
entrar en conversaciones con el gobierno salvo para el sometimiento a la justicia
por orden judicial”11.
Palabras que ni siquiera merecieron un comentario por parte de los voceros autorizados
del gobierno Petro.
La “Paz total” tiene, de entrada, un costo que será asumido por la sociedad colombiana:
el “reenfoque” de la guerra contra las drogas ilícitas. El primer anuncio del mandatario
fue la ratificación de que no habrá fumigación aérea de narco-cultivos con herbicidas. Y
para que no queden dudas respecto de las intenciones oficialistas, se buscará convertir en
ley esa determinación. Para el efecto ya se radicó un proyecto liderado por la ministra de
Ambiente Susana Muhamad.
Mientras se aprueba la norma en el Congreso, el gobierno prepara la expedición de un
decreto que prohíbe el uso del glifosato para la erradicación de cultivos, es decir, se
derogará el decreto 380 de 2021 suscrito por el expresidente Iván Duque.
El ministro de Justicia sustentó la decisión oficial en los siguientes términos:
“La posición del actual gobierno frente a la aspersión aérea ha cambiado y se
decidió no hacer uso del herbicida glifosato…”.
10 Ver: https://www.mininterior.gov.co/2022/08/30/gobierno-nacional-radico-la-modificacion-adicion-y-prorrogade-la-ley-418-o-ley-de-orden-publico-%EF%BF%BC/ 11 Ver: https://www.infobae.com/america/colombia/2022/10/25/humberto-de-la-calle-sostiene-que-disidentescomo-ivan-marquez-deben-someterse-a-la-justicia-ordinaria/
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En el borrador del decreto se plantea que “la decisión de no hacer uso de este mecanismo
de erradicación se fundamenta en la prevalencia de los derechos fundamentales y de los
Derechos Humanos”12.
El glifosato ha sido uno de los “caballos de batalla” de los ambientalistas de izquierda en
el mundo entero, pero lo cierto es que la OMS, hasta ahora, ha incluido a ese herbicida en
la categoría de “probable cancerígeno de grado 2”. No hay estudios definitivos que
concluyan que el producto más eficaz para la contención de plagas en la actividad
agrícola sea letal.
Frente a la extradición, Petro advirtió que ese mecanismo será reevaluado por su
administración. No procederá si las personas requeridas en extradición negocian con el
Estado colombiano y se comprometen a no reincidir:
“Narcotraficante que no negocie con el Estado, se va extraditado; narcotraficante
que negocie con el Estado y reincida, se va extraditado sin ningún tipo de
negociación en los Estados Unidos. Y narcotraficante que negocie con el Estado
tendrá beneficios jurídicos, y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se
extradita”13.
El informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen
sobre Colombia arrojó datos poco halagüeños:
Þ Hectáreas cultivadas en 2021: 204.000, un aumento del 43%.
Þ Producción de clorhidrato de cocaína: 1.400 toneladas métricas.
En el documento se lee:
“En el 2021, el cultivo de coca alcanzó niveles históricos en Colombia y se rompió
la tendencia a la reducción que se venía presentando en los últimos tres años; la
producción de cocaína también alcanzó su máximo histórico y mantiene la
tendencia al incremento que viene consolidándose desde el 2014…”14.
El presidente Petro, en principio dijo que se suspendería la erradicación forzada de
cultivos de coca. En 2021 se erradicaron forzosamente 103.257 hectáreas. Sin esa cifra,
Colombia tendría hoy más de 300 mil hectáreas cultivadas con lo que aumentaría en un
50% la producción de cocaína.
12 Ver: https://confidencialcolombia.com/nacion/gobierno-prepara-decreto-que-prohibe-el-uso-delglifosato/2022/11/16/
13 Ver: https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/25/petro-extradicion-narcotraficantes-eeuu-legalizacion-drogas-orix/ 14 Ver:
https://www.unodc.org/documents/colombia/2022/Octubre/Otros/Informe_de_Monitoreo_de_Territorios_Afect
ados_por_Cultivos_Ilicitos_2021.pdf
CENTRO DE PENSAMIENTO PRIMERO COLOMBIA 8
Ante ese panorama, el presidente Petro, luego de una reunión sostenida con el Secretario
de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, reversó su posición original y advirtió
que los que él llama “cultivos industriales” sí serán erradicados forzosamente:
“Los cultivos industriales deben ser erradicados forzadamente. No hay con quién
negociar una sustitución de esos cultivos. Lo que pasa es que no van a ser
fumigados de manera aérea, lo cual vuelve más peligroso el problema para las
personas que hacen la erradicación forzada y es un costo que debemos asumir.
Pero la erradicación forzada continúa en los cultivos industriales que no son
propiedad del campesinado”15.
Hasta ahora no se conocen los criterios para determinar que un cultivo ilícito puede ser
calificado como “industrial” o de propiedad de un campesino.
¿El sistema de salud en la mira?
La ministra de Salud, Carolina Corcho, es una reconocida activista en contra del sistema
de salud que se consolidó en el país durante los últimos 30 años, gracias a la ley 100 de
1993 y a sus desarrollos normativos16.
Una de las “Charlas Democráticas” que organiza el Centro de Pensamiento Primero
Colombia y la Escuela de Formación y Liderazgo del Centro Democrático se concentró en el
análisis pormenorizado de la idea de reforma a la salud que tiene la ministra Corcho. El
invitado fue el doctor Carlos Dáguer, uno de los más atildados conocedores de la historia
de la salud en el país17.
Es preocupante la obsesión de la ministra contra las EPS, una fijación que se delata en sus
intervenciones sobre la reforma a la salud que pretende impulsar y que se sintetiza en los
siguientes puntos:
Þ Eliminación de las EPS y creación del ‘Fondo Único Público para la Salud’.
Þ Salud como derecho fundamental y las connotaciones que dicha categorización trae consigo.
Þ ADRES girará directamente los recursos al nuevo Fondo a través de las entidades territoriales e
instituciones prestadoras de servicios de salud a los ciudadanos.
Þ Se creará el Consejo Nacional de Salud, ente encargado de definir políticas públicas de salud.
Þ El Estado asumirá la responsabilidad de producción y distribución de vacunas, medicamentos y
dispositivos médicos.
15 Ver: https://www.semana.com/nacion/articulo/gustavo-petro-ratifica-que-no-se-suspendera-la-erradicacionforzada-luego-de-la-reunion-con-antony-blinken/202210/ 16 Ver: ‘Análisis de Coyuntura’ 5: “La incertidumbre frente al future de la salud en Colombia”, publicado en la
segunda quincena del mes de septiembre de 2022.
17 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=D4Spm6rz6j4
CENTRO DE PENSAMIENTO PRIMERO COLOMBIA 9
La ministra Corcho ha dicho que una vez sea aprobada la reforma, el gobierno fijará un
plazo de seis meses para su implementación plena. En 180 días se pretende eliminar lo
construido en 30 años para imponer lo proyectado por el gobierno del Pacto Histórico.
El Colegio Médico Colombiano ha dado la voz de alarma frente a un peligro que ha pasado
desapercibido en el proyecto de reforma y que hace referencia al régimen disciplinario y
sancionatorio: que se creen nuevos tipos penales cuyos sujetos activos del delito serían
los profesionales de la salud, que purgarían penas de hasta 96 meses de prisión por
determinados hechos profesionales tipificados como delito18.
Política exterior: los nuevos mejores amigos:
Era previsible el restablecimiento de las relaciones con la dictadura venezolana, hecho
que generó reacciones de sectores insospechados, como la ONG Human Rights Watch, que
el pasado 24 de octubre le envió una carta a Petro con un recuento de los abusos y
violaciones a DD.HH. por parte del régimen de Maduro. La ONG insta al presidente
colombiano para que
“su gobierno se mantenga firmemente enfocado en abordar la crisis humanitaria
y de derechos humanos en Venezuela. En sus conversaciones con el gobierno de
Maduro, Colombia debe priorizar obtener compromisos concretos de las
autoridades venezolanas para respetar los derechos humanos; apoyar que ingrese
más asistencia humanitaria; reestablecer el Estado de derecho; terminar con la
complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas con el Ejército de Liberación
Nacional (ELN); y abordar la violencia, los abusos y la trata de personas en la
frontera entre ambos países”19.
La ONG le planteó a Petro cuatro ejes fundamentales de trabajo en la nueva etapa de las
relaciones Colombia-Venezuela:
Þ Promover avances para el respeto de los derechos humanos en Venezuela.
Þ Facilitar negociaciones genuinas para reestablecer el Estado de derecho.
Þ Abordar la violencia y los abusos en la frontera.
Þ Enfrentar la trata de personas.
El canciller colombiano Álvaro Leyva Durán se presenta como “Ministro de Relaciones
Exteriores y paz”. Es muy diciente que su primer viaje al exterior al frente de la cartera
haya sido precisamente a Cuba, con el fin de reactivar los diálogos con el grupo terrorista
ELN, cuyos cabecillas se encuentran bajo la protección del régimen de los Castro, hoy en
cabeza de Miguel Díaz-Canel.
18 Ver: https://epicrisis.org/2022/09/24/lo-bueno-lo-malo-y-lo-preocupante-del-proyecto-de-reforma-a-la-salud/ 19 Ver: https://www.hrw.org/es/news/2022/10/24/carta-al-presidente-gustavo-petro-sobre-el-restablecimientode-relaciones
CENTRO DE PENSAMIENTO PRIMERO COLOMBIA 10
En el Análisis de Coyuntura 4 (primera quincena de septiembre de 2022) se esbozaron las
nuevas alianzas internacionales de Colombia bajo el gobierno Petro. Colombia ha
decidido el acercamiento con naciones “paria” como Venezuela, Nicaragua e Irán, en
detrimento de la sólida y fluida relación que ha existido durante 200 años con los Estados
Unidos20.
El caso de Nicaragua merece una atención especial. Además del manejo que se le ha dado
a la relación bilateral, estableciendo canales discretos – ¿o secretos? – con el régimen de
Ortega supuestamente para buscar una salida a la dramática situación de derechos
humanos en la nación centroamericana, está en la agenda el litigio limítrofe que se
adelanta en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Hace pocos días, en París, el
presidente de Colombia dijo que “Daniel Ortega nos está quitando el mar”, en referencia
a las audiencias que empezarán en diciembre respecto de la demanda nicaragüense sobre
la plataforma continental extendida.
Los hechos del mandatario colombiano contradicen sus palabras: a menos de dos meses
de que se produzca la trascendental audiencia en el Tribunal de la Haya, Petro ordenó
cambiar al equipo de la defensa jurídica del país y nombrar a personas que no conocen
los pormenores del litigio21.
Incertidumbre económica:
Este es quizás el aspecto que más preocupación despierta. Los anuncios de Petro como
candidato presidencial y sus decisiones adoptadas desde el 7 de agosto han generado
incertidumbre, desconfianza, e inseguridad inversionista. La reforma tributaria aprobada
por la aplanadora oficialista es objeto de toda suerte de cuestionamientos por parte de
respetados analistas económicos. El expresidente Uribe expresó en su cuenta de Twitter
que “ya que la reforma tributaria, para decir lo menos, tensiona la Confianza
Inversionista se debería buscar como compensación la reducción del IVA que ayude al
consumo de la ciudadanía”22.
Expertos han señalado y resaltado los efectos negativos de esa reforma con la que el
gobierno pretende recaudar ochenta billones de pesos adicionales durante los próximos
cuatro años (veinte billones cada año):
Þ La reforma desalentará la inversión y el ahorro en el corto plazo.
Þ Las empresas terminarán pagando el 61.3% de su renta líquida.
20 Ver: ‘Análisis de Coyuntura’ Nueva política exterior: las alianzas del gobierno Petro y las decisiones contrarias a la
tradición y al interés diplomático de Colombia.
21 Ver: https://losirreverentes.com/soberania-en-riesgo/
22 Ver:
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1592893452442030080?s=20&t=pbfSQOWAxBlG78NYbdmmvg
CENTRO DE PENSAMIENTO PRIMERO COLOMBIA 11
Þ Las rentas de las empresas petroleras serán gravadas entre el 35 y el 60% dependiendo del precio
del barril.
Þ Las productoras de carbón pagaran impuestos de entre el 35 y el 45%
Þ Las compañías financieras pagarán hasta un 40% de impuestos.
Þ Las herencias ya no serán gravadas con el 10 sino con el 15%.
Þ Se incorporó el llamado “impuesto saludable” que grava los alimentos ultraprocesados de manera
gradual. En 2023 el impuesto será del 10%; en 2024 del 15% y en 2025 del 20%.
Þ Quienes tengan un patrimonio igual o superior a $3 mil millones pagarán el 0.5. Los patrimonios
de más de $5 mil millones pagarán el 1% y 1.5% quienes tengan más de $10 mil millones.
Uno de los voceros más críticos de la oposición, el senador Miguel Uribe Turbay,
advirtió que demandará la reforma aprobada por el Congreso. Dijo:
“Malas noticias para Colombia: se aprobó la reforma tributaria de Gustavo Petro
que aumentará la pobreza, el desempleo, la inflación y, ahora, también el dólar. El
Centro Democrático se opuso sistemáticamente a todos los artículos que asfixian
la clase media, el sector productivo, nos hace menos competitivos, ponen en riesgo
el empleo y, particularmente, golpean los hogares de bajos ingresos”23.
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