ENS: ¿Cómo describiría el momento que atraviesa hoy la Corte Constitucional?
Presidenta Paola Andrea Meneses: Como un momento de alta exigencia y, al mismo tiempo, de plena solidez y madurez institucional. La Corte es, por su naturaleza constitucional, el escenario donde convergen las discusiones más complejas y de mayor calado para el país: la revisión de reformas estructurales, la evaluación de estados de excepción y el seguimiento a crisis sociales e institucionales. Este período ha sido especialmente demandante: entre enero y septiembre recibimos 50 decretos vinculados a estados de excepción —un 92,3 % más que en el período anterior—, a lo que se suma un volumen de tutelas sin precedentes.
Frente a este escenario, la respuesta de la Sala Plena ha sido impecable: rigor técnico, deliberación plural y estricto apego al expediente y al derecho. Hoy la Corte se proyecta ante la sociedad colombiana como un tribunal sereno, riguroso e independiente. No fallamos al amparo del termómetro de la política ni de la inmediatez de las redes sociales, sino bajo el rasero objetivo e inquebrantable de la Constitución Política de 1991.
ENS: ¿A qué atribuye la solidez institucional que ha mostrado la Corte en un escenario tan exigente?
PAM: Ante todo, a su carácter esencialmente colegiado y técnico. A la Corte Constitucional se le evalúa por la solidez y coherencia de sus decisiones colectivas. En la Sala Plena coexisten visiones y trayectorias plurales que enriquecen el debate, sin embargo, al momento de fallar, la única voz que prevalece es la de la Carta Política.
Atribuyo esta solidez también a la propia consolidación de nuestra arquitectura constitucional. Treinta y cinco años de jurisprudencia constante han forjado una institución que trasciende a las personas que circunstancialmente la integramos. Como lo recordaba Thomas Jefferson, la necesidad de controles recíprocos y la distribución del poder político son la mayor garantía frente a los excesos. Esa independencia y ese rigor dogmático son los que le otorgan a la Corte su credibilidad intacta ante la ciudadanía y ante las demás ramas del poder.
ENS: Hoy llegan a la Corte, en promedio, más de 5.700 tutelas diarias. ¿Qué dice esa cifra del país?
PAM: Esa cifra nos entrega una lectura de doble vía sobre la realidad nacional, y las dos lecturas son plenamente ciertas. Solo entre enero y septiembre se radicaron más de 920.000 tutelas en todo el territorio nacional (cerca de un 30 % más que el año anterior), con jornadas donde la Corte recibe más de 6.000 expedientes diarios, lo que equivale a que cada 15 segundos un ciudadano acude a un juez en busca de amparo.
La primera lectura es un motivo de orgullo democrático: evidencia una profunda confianza en la tutela como el instrumento más ágil y efectivo para la protección de los derechos fundamentales. En Colombia la puerta de la justicia constitucional está abierta para todas y todos sin distinción. La segunda lectura es un llamado de atención técnico: una parte muy sustancial de esas tutelas exige prestaciones que no deberían depender de una orden judicial, como medicamentos autorizados o tratamientos reconocidos por ley. En salud, cerca del 78 % de las tutelas se resuelven a favor del ciudadano. Esto demuestra que la persona tenía el derecho desde el principio, por tanto, la solución no está en congestionar los despachos judiciales, sino en corregir la gestión en la fuente originaria.
ENS: ¿Cómo está respondiendo la Corte a ese volumen?
PAM: Respondemos con una estrategia integral que combina tecnología avanzada, optimización de procesos y una profunda vocación de servicio humano. Hemos fortalecido el uso de PretorIA, una herramienta de inteligencia artificial y analítica de datos que nos permite clasificar masivamente los expedientes y generar alertas tempranas sobre casos urgentes, especialmente aquellos que involucran salud o sujetos de especial protección constitucional. No obstante, subrayo que la decisión de seleccionar o no un caso sigue siendo un acto estrictamente humano e insustituible.
Adicionalmente, creamos nuevas plazas de personal especializado para el proceso de selección y estructuramos un plan de descongestión proyectado hasta enero de 2028. Detrás de cada expediente hay una historia de vida que merece una respuesta rigurosa y oportuna, ese es el criterio ético que guía nuestro trabajo.
ENS: La inteligencia artificial también está llegando a los escritos que recibe la Corte. ¿Qué retos plantea?
PAM: Es uno de los cambios más disruptivos que vive la administración de justicia. La inteligencia artificial ha facilitado el acceso ciudadano a los estrados, pero también ha incrementado la extensión y el volumen de las solicitudes: en el último período, las acciones públicas de inconstitucionalidad aumentaron en un 25,7 %.
Frente a este desafío, la Corte ha diseñado lineamientos pioneros junto con el Consejo Superior de la Judicatura bajo tres premisas fundamentales: transparencia algorítmica, garantía del debido proceso y reserva absoluta de la responsabilidad humana en el fallo. A demandas o escritos generados con IA, la Corte no puede responder con respuestas automáticas. La tecnología es una herramienta extraordinaria para organizar y sistematizar información de manera eficiente, pero juzgar exige ponderación, prudencia, sensibilidad humana y una comprensión profunda de la dignidad de la persona en cada caso concreto.
ENS: ¿Cómo describiría la relación de la Corte con las demás ramas del poder público?
PAM: Como una relación enmarcada estrictamente en la separación de poderes y la colaboración armónica que ordena la Constitución. Colaborar armónicamente significa que cada rama ejerce sus competencias dentro de los límites estrictos que le fijó el constituyente de 1991. Los encuentros e intercambios con el Gobierno y con el Congreso se han desarrollado siempre en un marco de respeto republicano recíproco.
Las diferencias entre las ramas del poder público son normales y deseables en cualquier democracia viva. Cuando un juez constitucional fija los límites de una ley o de un decreto, no está bloqueando la gestión pública, está garantizando que el ejercicio del poder no desborde el marco constitucional. Si tuviera que resumir la postura de esta corporación en una frase, diría que la Corte Constitucional es y será el mismo tribunal, gobierne quien gobierne, con el mismo rigor y el mismo rasero para todos.
ENS: ¿Cuáles son hoy los principales retos de la independencia judicial?
PAM: Identifico tres retos prioritarios. El primero es la estabilidad e independencia del juez individual en las regiones: la autonomía se cuida en las Altas Cortes, pero se pone a prueba en el juez municipal que debe fallar con tranquilidad en el territorio. Por ello es indispensable fortalecer la carrera judicial y los concursos de méritos. El segundo reto es la seguridad física y la protección integral de las y los administradores de justicia: un juez atemorizado o amenazado es la antesala del desamparo ciudadano. El tercero es combatir la desinformación y el legalismo autocrático. Hoy un titular inexacto o un ataque en redes puede circular más rápido que la motivación técnica de una sentencia.
La crítica a los fallos judiciales es legítima y necesaria en una sociedad abierta, los jueces estamos sometidos al escrutinio público. Pero la confianza en la justicia es un bien público superior que todos los actores de la sociedad estamos llamados a proteger.
ENS: ¿Qué ha hecho la Corte para acercarse a la ciudadanía?
PAM: Hemos derribado las barreras geográficas y de lenguaje para poner la Corte al servicio directo de la gente mediante tres frentes estratégicos:
En primer lugar, la transparencia con la iniciativa “Al día con los comunicados de la Corte”, publicando las síntesis de las decisiones en lenguaje claro la misma semana en que se adoptan. En segundo lugar, la presencia física en las regiones a través de los “Diálogos Constitucionales” y “La Corte a la U”, recorriendo Pereira, Manizales, Barichara, Chía, Bucaramanga y llegando, por primera vez en la historia del tribunal, a Leticia, además de impulsar el programa “Guardianes de la Constitución” en los colegios. En tercer lugar, el fortalecimiento interno con el programa “SomosCorte”, entendiendo que, para proyectar legitimidad y humanidad hacia afuera, debemos cuidar el bienestar de los servidores que hacen posible la justicia hacia adentro. Esta labor de apertura explica por qué la favorabilidad ciudadana de la Corte ha alcanzado niveles históricos.
ENS: El Encuentro de este año se tituló «Una Corte Constitucional para el mundo». ¿Cómo se ve hoy la jurisprudencia colombiana fuera del país?
PAM: La jurisprudencia colombiana es observada con profundo respeto y admiración en la comunidad jurídica internacional. Somos un referente global del denominado «constitucionalismo transformador». Doctrinas desarrolladas por esta corporación (como la declaración del Río Atrato como sujeto de derechos o la declaración de ‘estados de cosas inconstitucionales’ para corregir fallas estructurales de política pública) son estudiadas y tomadas como modelo por tribunales de diversos países del mundo.
Este diálogo con la justicia global es de doble vía: aprendemos de los estándares internacionales e interamericanos, y aportamos soluciones garantistas nacidas de nuestra propia realidad. La proyección internacional de nuestra jurisprudencia debe ser un motivo de orgullo para todo el país.
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