Por Ernesto Macias
“Payaso criminal”, llamó en un trino el ministro del Interior, Armando Benedetti, a su excompañero de gabinete y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. En otro mensaje fue más lejos: “Usted hace parte de una organización criminal”. Reyes respondió sin rodeos: “Me quedo con mi hoja de vida y no con su prontuario criminal”. Cualquier ciudadano, ajeno a la coyuntura política, jamás imaginaría que este intercambio corresponde a dos altos funcionarios.
Desde la llegada de Gustavo Petro al poder, el país no solo ha sido testigo de decisiones controvertidas y erráticas, sino de un deterioro profundo del lenguaje, las formas y el comportamiento de quienes gobiernan. Las acusaciones cruzadas, los insultos públicos y los señalamientos de grueso calibre dejaron de ser episodios aislados o callejeros para convertirse en una práctica reiterada, casi normalizada, que ha erosionado la dignidad misma del ejercicio del poder.
La semana pasada se sumó otro episodio. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, convocó una rueda de prensa en la Casa de Nariño para denunciar presuntos actos de corrupción de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, cuando este se desempeñó como gerente del Fondo Adaptación. Según Rodríguez, Carrillo habría firmado contratos irregulares, “a dedo”, hoy con cero por ciento de ejecución. “Es una vergüenza”, afirmó, aludiendo a una grave falta de transparencia dentro del propio gobierno.
Diariamente asistimos a hechos insólitos de los funcionarios. Basta recordar cuando el mismo Benedetti llamó “loca, demente y delincuente” a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, tras ordenar un allanamiento en su mansión, dentro de uno de los siete procesos penales que cursan en su contra. O los audios revelados por la revista Semana, en los que, siendo embajador, amenazó a Laura Sarabia con “joderlos a todos”, alardeando del poder destructivo de la información que posee.
A ello se suman comportamientos impropios del presidente, como su exposición pública en Panamá que, más allá de consideraciones personales, comprometen la investidura que representa y el respeto debido a la institución presidencial.
Aquí no estamos ante diferencias políticas ni debates propios de una democracia vibrante. Estamos frente a una claudicación ética sin precedentes. El poder, lejos de ennoblecer, ha terminado revelando la miseria moral de quienes lo ejercen. Lo convirtieron en lodazal. Y la Presidencia, símbolo de unidad y respeto, ha sido reducida a tribuna de agravios y amenazas; una vergüenza. Cuando el Estado habla como el bajo mundo, no solo pierde autoridad; pierde legitimidad.
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