En las últimas semanas nos hemos visto en la penosa obligación de radicar acciones de
tutela contra las secretarías de tránsito y alcaldías municipales que tienen injerencia en la
instalación de cámaras de foto-multas en la región Caribe, por falta de respuesta dentro
de los términos legales de los derechos de petición.
Solicitamos información sobre las cámaras de foto multa instaladas, el lugar, el
cumplimiento de los requisitos legales y el monto recaudado por concepto de cámaras de
foto-multas, y no hemos recibido respuestas serias ni transparentes. Esta falta de claridad
ha motivado la presentación de tutelas, que serán remitidas con copia a la Procuraduría
General de la Nación para que tomen las decisiones que en derecho correspondan.
Muy pronto estaremos revelando cuánto se recauda anualmente por cada foto-multa.
Vamos a poner en evidencia lo que parece ser un verdadero “negocio socio” con recursos
públicos.
Además, solicitaremos control excepcional a la Contraloría General de la República para
revisar en detalle la ejecución de estos recursos en los últimos cinco años.
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