Por Carlos Hernán Rodriguez
En mi visión del nuevo control fiscal, los ciudadanos son los principales aliados de la Contraloría y deben ser el apoyo constante en la gestión que realizaré, para asegurar su éxito.
Por eso, al realizar un rápido balance de esta primera etapa de mi desempeño, que es solo el inicio, no me canso de señalar lo importantes que son las veedurías ciudadanas. Llevan a cabo el control social, auditan, vigilan, presentan sus denuncias y facilitan el control fiscal. Gracias a ellas, en muchos casos, es procedente ejercer el control preventivo, con el ojo avizor de quien cuida sus propios recursos y los de sus vecinos.
He tenido oportunidad de reunirme con veedores en Cali, Barranquilla y Florencia, y mantendré ese contacto, ese diálogo permanente en todos los departamentos de Colombia, ya que me permite escuchar sus inquietudes, quejas y aportes, definitivos para obtener resultados importantes. Mi propósito es construir con ellos una colaboración armónica que nos permita trabajar, generar confianza y dar resultados.
Durante mis 100 primeros días de gestión, se logró construir un plan estratégico participativo, fundado en cinco líneas con la finalidad de lograr “una Contraloría con independencia para el Cambio”, a saber : (i) Incrementar la confianza y credibilidad, a través de servidores públicos competentes y altamente especializados, (ii) La transformación de la gestión pública hacia la equidad, igualdad y el enfoque diferencial, (iii) Avanzar en procesos misionales con el fin de obtener el resarcimiento del daño en forma al patrimonio público, ( iv) Fortalecer la vigilancia y el control fiscal agregando valor a la gestión Estatal en asuntos estratégicos para el país, (v) Desarrollar y fortalecer las capacidades para la trasformación digital.
Paralelamente, en estos primeros meses al frente de la entidad, he tenido entre mis propósitos fortalecer a las contralorías departamentales, convencido de que el control fiscal debe ejercerse desde las regiones, visitándolas y conociendo de primera mano cómo se están invirtiendo los recursos asignados, que son patrimonio de todos. No se trata de ejercer presión en las administraciones, ni de ser una Contraloría de chantaje, sino, de trabajar de la mano y realizar actuaciones conjuntas que marquen la diferencia.
Otra línea de trabajo que puse en marcha desde mi primer día como Contralor, en asuntos de impacto nacional, es optimizar el resarcimiento al daño del patrimonio del estado colombiano. En este periodo se logró el resarcimiento del daño al patrimonio público superior a los $ 308.129 millones que corresponde a: recaudo de cobro coactivo ($204.908 millones), resarcimiento en responsabilidad fiscal ($13.285 millones) y títulos de depósito judicial en trámite de redención ($89.936 millones).
Solamente en el segundo semestre de 2022 se liberaron más de 200 actuaciones de vigilancia fiscal, donde se pudieron detectar presuntos hallazgos fiscales por un total de $133.800 millones. Hemos puesto la lupa a procedimientos de entidades como la Sociedad de Activos Especiales, donde ya es de público conocimiento todas las irregularidades que hemos encontrado. En los próximos días le entregaré al presidente Gustavo Petro, una base de datos completa y detallada sobre estos inmuebles y recomendaré monetizar los 28.000 bienes que tiene registrados. Sin duda, estos recursos cubrirían, por lo menos, dos reformas tributarias.
Hemos anunciado a la opinión pública varios hechos que siguen siendo objeto de investigación por parte de nuestros equipos, como el seguimiento a Hidroituango, que ya cuesta el doble de lo inicialmente proyectado y ha puesto en riesgo el capital de Empresas Públicas de Medellín, al no contar con la póliza “Todo riesgo construcción”. Igualmente, tenemos en el radar 115 proyectos que suman $1.4 billones, aprobados por el OCAD paz, financiados con recursos de regalías, que también hacen parte de esos temas que me preocupan: ya en 15 de ellos tenemos actuaciones especiales.
Hace pocos días, dimos un paso trascendental. Logré firmar una resolución que nos permite levantar el velo corporativo, una medida de la mayor importancia, que nos facilitará recuperar recursos que son del Estado.
El velo corporativo, es una especie de protección que tienen los miembros de una sociedad, accionistas o administradores, que dificulta la revisión de su participación o de sus propiedades por parte de las autoridades, incluyendo a la Contraloría. Esto permite que por medio de otras empresas socias o inclusive a través de contratos, desvíen recursos que originalmente son públicos. Es una figura legal, de la que se valen para evadir responsabilidades. Esta situación, se presenta muy a menudo. Es por eso, que en días pasados estuve en Washington, donde me reuní con los representantes del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que muchos bienes o recursos obtenidos indebidamente, no los invierten en el país, sino en el exterior. Lo que haremos será un cruce efectivo de información, que nos deje acceder a esos recursos que defraudaron para poderlos recuperar.
Estoy enfocado en un procedimiento administrativo, que permita que esto se asuma con toda la seriedad del caso, porque lógicamente, mejorarían los índices de recaudo efectivo de la Contraloría General.
Además de tener los ojos puestos en todos estos temas que inquietan a los colombianos, creo que una de mis metas como contralor es generar valor agregado a mi gestión. No limitarnos al control posterior y selectivo o preventivo y concomitante, circunscrito solo a lo financiero.
Para la vigencia 2023 hemos definido 12 temas de gran interés nacional dentro de los cuales podemos destacar la estacionalidad de los recursos, entendida como la no utilización oportuna de los mismos, otro tema corresponde a los pagos del Estado cuando no hay de por medio un seguro para el cubrimiento en accidentes de tránsito (SOAT), por ultimo nos hemos propuesto en la próxima vigencia, realizar seguimiento a los recursos asignados en el acuerdo de Paz, asignados a los municipios PDET entre otros.
Esperamos ampliar el cubrimiento de nuestras auditorias, utilizando las herramientas tecnológicas que tiene la DIARI, para el PNVCF para la vigencia 2023, hemos definido 759 ejercicios de fiscalización, correspondientes a 23 Seguimientos permanentes y 736 auditorias.
Durante los tres años y nueve meses próximos, me centraré, además, en el programa Compromiso Colombia, que se adelanta de la mano de los tres niveles de gobierno: el central, el departamental y el municipal, con el fin de recuperar obras que se encuentran descuidadas o abandonadas o aquellas a las que se les destinó presupuesto y no se ejecutaron.
Cien días son poco, pero han servido para perfilar con resultados el ejercicio de mi visión del nuevo control fiscal. Como lo he mostrado en este tiempo, me concentraré en lograr que los recaudos fiscales sean eficientes para que impacten la cotidianidad de las personas, sus entornos, sus regiones. Que permitan obras de infraestructura bien construidas y a tiempo, que no se hable de elefantes blancos, que se vean los colegios, los hospitales, los parques, los acueductos.
Mi esfuerzo está en cumplir e ir más allá en la tarea que me fue encomendada, velar por los recursos de los colombianos y dignificar su patrimonio. En esto, tengo puestos todos mis sentidos.
Leave a Reply