Una de las reformas que busca este gobierno pretende adelantar un cambio en la justicia. Ante ello, EL NUEVO SIGLO consultó a los presidentes de las altas cortes sobre esta posible iniciativa.
Durante una reunión del presidente Gustavo Petro con miembros de las altas cortes, siendo el primer encuentro entre el nuevo gobierno y la rama judicial, el jefe de Estado aclaró ante los magistrados su intención de “máxima independencia del poder judicial, las posibilidades de su fortalecimiento financiero y el respeto cabal al Estado Social de Derecho en Colombia”.
Precisamente, uno de los temas principales fue la reforma a la justicia, la cual, según expresó el mandatario, busca reforzar el concepto de la independencia de poderes. Además, precisó que el país necesita contar con más jueces para impartir justicia para los ciudadanos de a pie.
Se necesitan más jueces
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), Jorge Luis Trujillo Alfaro, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “una reforma a la justicia debe estar orientada a atender la realidad de la demanda que tienen los ciudadanos sobre su problemática actual o histórica, y así dar solución oportuna, eficiente y de calidad a las necesidades que trae implícita esa realidad social”.
Por eso, indicó que es prioritario crear y fortalecer los despachos judiciales. “Podemos promover reformas a las normas, pero si no tenemos jueces suficientes que las hagan cumplir, las personas no van a creer en el Estado Social de Derecho, porque sus demandas no van a ser resueltas en tiempos oportunos, o al menos no por las vías legales e institucionales”, señaló.
Enfatizó en la insistencia que ha hecho el CSJ al Gobierno nacional sobre la necesidad de fortalecer la oferta judicial. “Si hoy tenemos unos altos inventarios en los despachos y las personas tienen que esperar varios años para una sentencia que dirime su conflicto, imagínese con reformas que implican nuevas especialidades, nuevos temas, nuevas problemáticas sociales en los despachos judiciales”.
“La gente no quiere o no ve la importancia de cuál especialidad atiende su solicitud, exige sentencias que terminan sus controversias en derecho y en un tiempo prudente. Eso se logra con más jueces”, sostuvo Trujillo.
El presidente de la CSJ dijo que esto se puede complementar con las reformas de los últimos años, como la Ley 2080 de 2021 por medio de la cual se reformó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, entre otros motivos, para fortalecer la justicia digital; la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que espera una decisión de la Corte Constitucional sobre su control previo de constitucionalidad.
Otras leyes que podrían contribuir al respecto, indicadas por Trujillo, son la Ley 2213 de 2022, que implementó de forma permanente las medidas creadas a través del Decreto Legislativo 806 de 2020; la Ley 2220 de 2022, por la cual se expidió un nuevo estatuto de conciliación; y, adicionalmente, las modificaciones a las normas que venimos trabajando con la Corte Suprema de Justicia para agilizar los procesos judiciales en materia civil y laboral.
Por último, resaltó que independientemente de las reformas procesales, se debe fortalecer la oferta judicial en todo el país.
La seguridad jurídica
Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Carlos Enrique Moreno, le dijo a este medio que son varios los problemas coyunturales que han impactado negativamente, a través de la historia, en la prestación de dicho servicio, y no a aspectos relativos a la situación política del momento y que no se corresponden con las necesidades reales que se exhiben en esa rama del poder público.
En cuanto a los puntos que se deben tener en cuenta en una reforma a la justicia, consideró que “la congestión de la rama judicial, la seguridad jurídica y la asignación de recursos, tanto humanos como económicos, se encuentran dentro del primer orden, para lo cual sería importante adoptar, entre otras medidas legales, presupuestales y administrativas que garanticen el acceso a ese derecho fundamental: el establecimiento de normas claras y precisas, sustanciales o procesales, que cohesionen verdaderamente los sistemas jurídicos y no lo contrario”.
Igualmente remarcó que “se debe tener en cuenta la formación o capacitación de los servidores judiciales, si fuese el caso de acuerdo con su especialidad, y con una remuneración acorde con sus deberes y responsabilidades; la presencia de jueces en las regiones más apartadas del país y el fortalecimiento de la plataforma tecnológica (hardware y software) y de herramientas que garanticen la justicia digital; la asignación de cargas razonables y equitativas de trabajo; el acatamiento de las decisiones judiciales por parte de la administración pública y, a partir de allí, la implementación de políticas públicas con el fin de disminuir la demanda de la justicia; y garantizar la autonomía e independencia de la Rama Judicial”.
Facilitar el acceso
Del mismo modo, Aroldo Wilson Quiroz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, señaló que “no podemos cerrar los ojos a los cambios que fruto de la pandemia, son necesarios en el campo procesal: el imperativo categórico de acudir a las tecnologías de la información para transformar los trámites procesales; la necesidad de facilitar a los ciudadanos el acceso a la administración de justicia; la posibilidad de desconcentrar los despachos judiciales, incluso por el factor territorial, como respuesta a la congestión; la eliminación de actuaciones innecesarias, que terminan socavando la economía procesal; y la importancia de una verdadera justicia digital, siempre que se acompañe de una educación en tecnologías”.
Afirmó Quiroz que “lo anterior explica que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, en compañía con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, hayan iniciado un proceso de reflexión colectiva para evaluar la necesidad, oportunidad y conveniencia de una reforma al Código General del Proceso”.
“Esta iniciativa está asentada en una idea democrática, de allí que se haya promovido la construcción colectiva de la propuesta, con la participación del mayor número posible de interesados. Recuérdese que el principio democrático está, pues, en el origen del estado Constitucional”, explicó.
“No se persigue con esta reforma ensanchar la regulación del procedimiento ni aumentar las normas; por el contrario, uno de sus propósitos principales consiste en identificar las instituciones esenciales del proceso y facilitar su regulación, con el menor número de disposiciones posible, pues como acertadamente sostiene Mirjan Damaska, a mayor cantidad de normas mayor cantidad de interpretaciones contradictorias”, concluyó.
Finalmente, este Periódico buscó la opinión de la presidenta de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, quien dijo estar impedida para dar respuesta a esa pregunta. “He pensado que es mejor no hablar del tema, porque recorde qué hay un proyecto de ley en curso sobre lenguaje sencillo en sentencias y prefiero no decir nada por posibles impedimentos”.
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