EL NUEVO SIGLO: ¿Se debe actualizar el presupuesto para la implementación del acuerdo de paz?
FABIO ALZATE: Esto es un llamado vehemente que se hace precisamente en la presentación del Noveno Informe y es a que se actualice el costeo de lo que vale la implementación del Acuerdo Final de Paz. En el 2017 se estimó en 207 billones de pesos, pero la realidad es que hoy, a pesos constantes de 2025, solamente llevamos el 37% de ejecución y se requiere actualizarlo, lo que implica que por lo menos de esos 207 se transformen en 300 o algo más billones para que se tengan en cuenta y se puedan estipular las medidas de implementación del acuerdo.
ENS: ¿Esto podría estar afectando las decisiones de la JEP?
FA: No hay dinero aún en la subcuenta del Fondo Colombia en Paz para poder iniciar la ejecución de esas acciones. Se estipuló un confis de 500.000 millones de pesos para esas acciones propias, pero a hoy no se ha girado todavía ese dinero y se hace ese llamado vehemente desde la Contraloría General de la República a que esos recursos lleguen a esa subcuenta y a que la JEP pueda materializar estas acciones.
ENS: ¿Falta mayor articulación?
FA: Todo el tiempo ha sido y es uno de los mensajes más reiterativos en los informes anteriores, en los cuales podemos evidenciar que las entidades llegan al territorio cada una por su lado, no se hablan entre ellas, no dialogan y esto hace que sea muy complejo la implementación de las acciones propias en cada uno de los territorios.
Al hablar de desarticulación estamos hablando precisamente de esa falta de diálogo, de un posible teléfono roto entre entidades que hace que se implementen acciones que no tienen complementariedad, que no se benefician o que no sean traducidas en beneficios reales en los territorios, toda vez que, por ejemplo, los proyectos productivos se llevan a zonas en donde luego no se pueden sacar los productos o en donde esas medidas que se implementan luego se pierden porque no hay cómo materializarlas con su desarrollo y su comercialización.
ENS: En el informe señalan que no se puede determinar cuánto presupuesto se invirtió en un municipio en específico, ¿por qué?
FA: Así es, lo hemos señalado, también lo señaló el señor contralor general de la República, no tenemos aún un marcador de paz que nos permita saber cuánto dinero se ha llevado a las regiones, a los municipios PDET, desafortunadamente se siguen confundiendo las fuentes de financiación, se invierte el Presupuesto General de la Nación, se invierte regalías, pero no se materializa en el proyecto individual en el territorio, que es lo que necesitamos observar hacia el futuro.
Es desafortunada la situación de violencia que se sigue incrementando en el país, desafortunado el tema que permea al país, que es el narcotráfico, las bandas que de una u otra forma surgen, la violencia emergente, lo que hace que ese conflicto siga disponiendo, que no se pueda materializar este acuerdo final de paz.
Continúa el fenómeno de violencia, continúan los actores armados teniendo una gran influencia sobre todo en zonas como Arauca, Chocó, Caquetá, Putumayo, que han sido históricamente más afectadas por el narcotráfico y por el conflicto. Se cobran vacunas, se cobran peajes, no se permite el desarrollo de los proyectos y esto hace que sea muy difícil implementar las medidas que están estipuladas en el acuerdo final de paz.
ENS: ¿Hay reducción de apoyo internacional?
FA: Tenemos una reducción desafortunada por la salida de Usaid, temas políticos. La Contraloría simplemente advierte que hay que mirar cómo se financia precisamente esa parte que tenía a su cargo o que estaba colaborando la cooperación internacional y que ahora se desfinancia. Hay muchos proyectos que son muy bonitos, que han permitido acciones muy concretas de paz, que se vieron desfinanciados por la salida de Usaid.
ENS: El contralor también advertía la formalización de tierras, ¿hay problema en ello?
FA: Tenemos un rezago muy fuerte, lo manifestamos hace poco. Solamente vamos con un 0,7% de los 3 millones de hectáreas formalizadas. Si bien es cierto, este gobierno sobre todo ha hecho un gran esfuerzo y ha comprado, adquirido o por lo menos ha separado muchas hectáreas en el país, hablamos de más de 500.000, pero solamente se han formalizado 27.000.
Entonces, un tema es separarlas, adquirirlas o tenerlas allí listas para su compra y otra cosa es la formalización, el título. Y en eso se hace también un llamado desde la Contraloría General de la República a que todas las acciones de la jurisdicción agraria inicien, se reglamente y se lleven al territorio para que se pueda formalizar y entregar realmente las tierras en el país.
ENS: ¿Qué está sucediendo con la sustitución de cultivos ilícitos?
FA: Tuvimos una primera fase en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en los ciclos cortos y en los ciclos largos en los cuales se le entregaron 36 millones de pesos aproximadamente a cada familia. Sobre eso estamos haciendo un seguimiento permanente desde el año pasado con la Contraloría Delegada para el Postconflicto y allí se denota que esos 36 millones de pesos se utilizaron para comprar herramientas y algunos materiales, pero la sustitución real no se ve.
En eso viene una segunda fase que este gobierno ha implementado y que están tratando de trabajar precisamente para mirar cómo, una vez el campesino pueda sustituir, erradicar, entregue a la Dirección de Cultivos Ilícitos su resultado y se haga un seguimiento real de lo que pasa con el dinero que se invierte. Muchos problemas en la coyuntura porque desafortunadamente si no se tiene otra alternativa, el campesino tendrá que volver a cultivar este tipo de sustancias para poder mantener a su familia.
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