ASÍ LO advirtió en diálogo con EL NUEVO SIGLO el director ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios, Gilberto Toro, quien señaló que la inseguridad, las amenazas a los mandatarios locales, la falta de cumplimiento en las promesas legislativas y la crisis hospitalaria se han convertido en los principales desafíos en la recta final del actual gobierno.
Inseguridad y elecciones en riesgo
Toro fue enfático en que las condiciones de orden público no han mejorado y, por el contrario, generan cada vez más preocupación.
“No hemos evolucionado hacia mejores condiciones de seguridad. Tenemos cada vez más expresiones de violencia de las disidencias de las Farc, del Eln, de grupos narcotraficantes e incluso de estructuras que llegan desde Venezuela”, aseguró.
El directivo alertó que esta situación se agrava en vísperas del proceso electoral. “Estamos viendo cosas inadmisibles: soldados secuestrados, atentados contra civiles en ciudades como Cali y Yumbo, y hechos tan repudiables como el ataque contra agentes de la Policía en Amalfi”, dijo.
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Según datos oficiales, en al menos 80 municipios de 24 departamentos fue necesario desplegar unidades tácticas del Ministerio de Defensa para intentar garantizar las elecciones. Además, más de 400 alcaldes y alcaldesas tienen medidas de protección por amenazas contra su vida.
“La Unidad Nacional de Protección no tiene la capacidad de brindar todas las medidas necesarias, por lo que muchos mandatarios deben apoyarse en gobernadores o incluso depender de traslados en helicópteros del Ejército para poder llegar a sus territorios”, explicó.
Descentralización y recursos en entredicho
Uno de los puntos de mayor frustración para los municipios es la demora en la presentación de la Ley de Competencias, un instrumento clave para fortalecer la descentralización
El Gobierno nos dijo que era necesario agotar la consulta previa, y recientemente se anunció que ese proceso ya fue firmado. Esperamos que el proyecto se radique en los próximos días en el Congreso, para que podamos presentar nuestras observaciones y buscar su aprobación en esta legislatura”, afirmó Toro.
Sobre el Referendo de Autonomía Fiscal Regional que avanza en el Congreso, el director de Fedemunicipios respaldó la iniciativa, pero advirtió riesgos.
“Todo lo que fortalezca la descentralización y la autonomía local debe aplaudirse. Pero hay que tener cuidado de que no se traslade el centralismo del Gobierno Nacional hacia los departamentos, subordinando aún más a los alcaldes. Lo que necesitamos es robustecer fiscalmente a los municipios, que son la base de la relación entre el Estado y las comunidades”, señaló.
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El dirigente también cuestionó la intención del Ejecutivo de reprogramar las vigencias futuras en proyectos viales 4G y 5G.
“La seguridad jurídica es fundamental. Estos contratos se hicieron sobre reglas claras que deben respetarse. De lo contrario, se pone en riesgo la confianza en las inversiones”, advirtió.
En cuanto al manejo de las regalías, destacó que ahora los municipios pueden ejecutar directamente sus recursos tras la eliminación de los Ocacs municipales, lo que da mayor autonomía para realizar obras locales. Sin embargo, alertó que cambios en las reglas de juego podrían afectar la inversión regional.
Promesas incumplidas y crisis social
A ocho meses de terminar el cuatrienio legislativo, Toro aseguró que varias de las promesas hechas a los municipios no se cumplieron.
“El trabajo del Congreso depende de las iniciativas del Ejecutivo, y todos saben que las relaciones entre Gobierno y Parlamento han sido muy conflictivas. Eso impidió avanzar en proyectos clave para las regiones”, indicó.
La crisis fiscal del país también ha impactado a los entes territoriales. “Los municipios esperaban el apoyo tradicional del Gobierno central a través de fondos de cofinanciación de los planes de desarrollo, pero esa ayuda no llegó. La frustración de los alcaldes es muy grande”, subrayó.
Finalmente, Toro advirtió que los municipios viven una grave emergencia en materia de salud pública.
“Los recursos no llegan a las EPS y estas no pueden pagar a las IPS. Muchos hospitales municipales están desfinanciados, los empleados no reciben su salario oportunamente y la población se queda sin la atención vital que necesita”, puntualizó.
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