EN UN escenario marcado por la incertidumbre política y el debate sobre la transparencia institucional, los principales organismos de control del Estado lanzaron un mensaje claro y contundente: las elecciones presidenciales y legislativas del 2026 se realizarán en las fechas establecidas, sin posibilidad alguna de aplazamiento.
El pronunciamiento tuvo lugar durante la conmemoración de los 20 años del Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción, evento realizado en la sede de la Contraloría General de la República, donde se dieron cita el procurador general, Gregorio Eljach; el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos; y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.
El encuentro, que combinó la reflexión académica con el debate institucional, giró en torno a la necesidad de blindar los procesos democráticos frente a cualquier riesgo de corrupción o manipulación política.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez fue enfático en subrayar que existe una ruta clara hacia las elecciones y que los organismos de control trabajarán de manera articulada con la Registraduría Nacional. “Aquí hemos apoyado a la Registraduría, todos a una. Eso significa que hay un calendario electoral, que hay unas fechas establecidas y que se realizarán reuniones de seguimiento para garantizar a los colombianos un proceso tranquilo en medio de cualquier tipo de polarización o interés que exista”, puntualizó.
En esa misma línea, Rodríguez advirtió que uno de los principales retos institucionales es combatir la desinformación que suele circular en tiempos preelectorales. “Siempre habrá personas interesadas en decir que no habrá elecciones. Pero elecciones habrá, y trabajaremos para que se desarrollen en la más absoluta normalidad”, agregó.
Procuraduría: no cabe cambio de reglas
Por su parte, el procurador Gregorio Eljach insistió en que la Constitución y la ley son claras en cuanto a las reglas del juego democrático. Aseguró que los organismos de control tienen la obligación de garantizar que los comicios se cumplan con total transparencia y sin alteraciones en el calendario.
“Quiero decirlo con claridad: en Colombia no se pueden cambiar las reglas ni las fechas. Las elecciones deben realizarse en los momentos previstos y no cabe ningún aplazamiento ni modificación del calendario electoral”, subrayó.
El jefe del Ministerio Público sostuvo que cualquier intento de alterar esos parámetros representaría un grave riesgo institucional y un retroceso en materia de garantías democráticas. “Nuestro deber es hacer cumplir la Constitución, y ello implica garantizar la pulcritud en cada paso del proceso electoral”, enfatizó.
Registraduría: recursos asegurados y garantías electorales
El registrador Hernán Penagos, encargado de la logística y organización de los comicios, informó que el componente presupuestal para las elecciones de 2026 se encuentra asegurado. Según explicó, los recursos provenientes de vigencias futuras ya fueron aprobados y cada una de las etapas previstas en el cronograma electoral está en ejecución.
“En este momento no existe ningún contratiempo presupuestal. Los componentes que garantizan la operatividad del proceso están asegurados y avanzan según lo planeado”, detalló Penagos.
El funcionario añadió que la misión de la Registraduría no se limita únicamente a garantizar que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto, sino que también es fundamental asegurar que ese voto sea libre y limpio. “Garantizar el derecho al voto no es lo mismo que garantizar el derecho al voto libre. Este último constituye, además, una garantía de derechos humanos. Por eso debemos identificar con precisión los territorios donde existen mayores riesgos político-electorales y enfocar allí los esfuerzos institucionales”, indicó.
Hacia una “paz electoral”
Uno de los conceptos que más eco tuvo durante el evento fue el de la “paz electoral”. El procurador Eljach afirmó que el país necesita avanzar hacia un escenario en el que los comicios puedan desarrollarse sin tensiones violentas ni interferencias indebidas.
“Paz electoral en Colombia es lo que necesitamos. Esto no incluye únicamente a los campesinos que viven en zonas con problemas de orden público, sino también a los partidos políticos, a los candidatos presidenciales, al Congreso y a quienes se presenten en las consultas. Si logramos eso, habremos dado un paso histórico en la superación de una tara institucional que lleva más de 70 años”, aseguró.
El llamado busca ampliar la noción de seguridad electoral más allá de la infraestructura y el presupuesto, apuntando hacia la construcción de confianza ciudadana en el sistema democrático.
Articulación interinstitucional y vigilancia de recursos
Durante la jornada también se realizó un espacio académico coordinado por la Contraloría General, en el que participaron, además de los altos funcionarios, el exmagistrado y académico constitucionalista Humberto Sierra. La discusión se centró en el manejo de los recursos públicos durante los periodos electorales, un tema considerado estratégico para blindar la transparencia.
En ese contexto, el contralor Rodríguez reiteró la importancia de la vigilancia colectiva. “La mejor defensa contra la corrupción es una ciudadanía que valore y proteja lo que es de todos. ¿Quién vigila a los vigilantes? La única respuesta en un Estado democrático es que nos vigilamos entre todos. La vigilancia no es desconfianza; significa, más bien, responsabilidad compartida”, concluyó.
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