Quiero abordar el tema de lo que significa que la Contraloría tenga como prioridad el salvar obras y evitar que se pierdan los recursos públicos. Me parece positivo desde todo punto de vista que antes que abrir procesos de responsabilidad fiscal se tenga como primera alternativa el de seguir el curso de las obras, acompañar a la ciudadanía y evitar que las obras no se culminen.
Por eso es importante la creación de las mesas de trabajo con las veedurías y las entidades pertinentes que estén a cargo de las obras públicas. Para esto es indispensable que la delegada para Participación Ciudadana evalúe el mapa de riesgo e identifique donde se encuentran las obras que están a punto de perderse o de que sea declaradas como Elefantes Blancos.
El tiempo de recuperación depende de la complejidad de cada obra, pero se deben seguir algunos pasos para hacerlo. Al finalizar las auditorías del primer semestre del año 2025, la Contraloría General de la República determinó la incidencia fiscal en hechos que comprometen una cuantía superior a los $1.17 billones. Son 488 hallazgos con incidencia fiscal, detectados luego de avaluar la gestión que durante 2024 efectuaron 337 entidades sujeto de control y 327 entes territoriales que pasaran a la delegada para la responsabilidad fiscal.
- Denuncia: la CGR insta a todas las entidades, medios de comunicación y ciudadanos a ser quienes reporten y denuncien las obras inconclusas. Las administraciones deben informar sobre estas cuando se finaliza un periodo. Los ciudadanos también tienen la posibilidad de denunciar en cualquier momento por vías formales, redes sociales o, próximamente, a través del ecosistema digital de la CGR por medio de un chatbot.
- Análisis: toda esta información llega a la Contraloría, donde se analiza y se investigan las obras en busca de irregularidades, para priorizar los proyectos. Se mira el contrato, el acta de inicio, el acta de culminación, se hace una evaluación jurídica-técnica para saber qué pasó. Un colegio, por ejemplo, puede tener la infraestructura lista, pero no el certificado de la Secretaría de Educación para su funcionamiento.
- Mesas de diálogo: una vez identificado el proyecto, la Contraloría cita a las entidades implicadas, junto a la veeduría ciudadana, para establecer una ruta, asignar tareas y dar un tiempo para cumplirlas. Estas reuniones se programan mensualmente para hacer evaluaciones concurrentes. La veeduría se encarga de realizar seguimiento constante al proceso, vigilando que los recursos sí se estén utilizando para los fines asignados y establecer diálogos con las comunidades para socializar los avances del proyecto.
Leave a Reply